Veterinarios y dueños de mascotas marchan contra la nueva prescripción de medicamentos

El malestar que han sembrado las medidas promovidas por el Gobierno central ha unido a profesionales de este colectivo sanitario, clínicas y a propietarios de animales, que rechazan el marco legal que entró en vigor de manera efectiva el pasado 2 de enero, aunque se había aprobado hace dos años. Son muchos los aspectos que generan el rechazo de los veterinarios, empresarios y de los propios propietarios de animales. Los profesionales se sienten «desbordados por una carga burocrática inútil», critican los afectados.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Segovia, José Miguel Gil, se queja de que no se han tenido en cuenta criterios clínicos a la hora de decidir los tratamientos o las dosis. Además, el exceso de tramitaciones provoca, a su vez, retrasos en el abordaje de casos críticos y «no mejora la seguridad, ni la trazabilidad ni el uso racional de los medicamentos», añaden, lo que deriva en el «colapso de los centros» especializados.

Con el nuevo sistema, los veterinarios están forzados a verificar la identificación del animal, así como a registrar la preinscripción en un sistema electrónico que vincule al animal con el tratamiento, al igual que informar del prospecto a los dueños.

En esa cadena de repercusiones negativas, los titulares van a ver cómo se van a encarecer los costes del cuidado de sus mascotas, una subida de precios que va a hacer mella cuando tengan que peregrinar por las farmacias en busca de todos esos medicamentos que hasta ahora dispensaban los veterinarios.

A su vez, la revisión del Real Decreto fija restricciones en el desempeño laboral como, por ejemplo, en lo que respecta a la prescripción de antibióticos para animales de compañía. Es otro de los puntos de discordia que detona protestas como la de este domingo.

Las clínicas veterinarias son también las otras grandes damnificadas de la normativa. Sus titulares explican que ahora han de cargar con una serie de trámites administrativos «excesivos» y advierten de que las sanciones alas que se exponen de no cumplir la regulación son desproporcionadas, ya que pueden llegar hasta los 1,2 millones de euros.