Los veterinarios protestan contra la restricción a los antibióticos: «Está aumentando la mortalidad»

El mensaje sobre la consecuencia más directa de este endurecimiento ha sido claro, vía megafonía, en una concentración atestada de personas y mascotas portando gorros y pañuelos azules, que desde los centros veterinarios han convertido en símbolo de esta lucha: «la restricción al uso de antibióticos está aumentando mucho la mortalidad de los animales». Así lo recogen los informes de los distintos colegios veterinarios, que están recabando información sobre los incidentes relacionados con esta nueva normativa dependiente de Sanidad, que rechazan que sea una mera trasposición europea.

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«Deriva de un reglamento que es de obligado cumplimiento, pero es más restrictivo el desarrollo normativo que se ha hecho en España de lo que está ocurriendo en Europa», detalla Rufino Álamo, al frene del Colegio de Veterinarios de Valladolid. Su entrada en vigor desde hace un año, primero para animales del sector ganadero y otras industrias, y desde enero aplicable a los tratamientos de mascotas, les está causando un «problema de desarrollo profesional importante», en cuanto a que se ven ejerciendo en un contexto de «inseguridad jurídica». «La norma nos obliga a lo que profesionalmente no deberíamos de hacer, nos coarta la aplicación de determinados medicamentos y nos compromete el resultado. Si no nos ajustamos a lo que dice nos pueden penar legalmente», lamenta, para lo cual el texto establece «un sistema de sanciones verdaderamente descomunal».

Ello repercute en la «calidad asistencial a los animales», siendo una de las cuestiones más controvertidas del día a día la categorización de los antibióticos. «De los que deberíamos de utilizar, que llaman del grupo D, tan solo existen disponibles dos. Eso nos obliga a tener que recurrir a otros que serían de reserva, para lo cual la normativa establece que debemos de hacer diagnósticos del laboratorio, lo que encarece y retrasa el tratamiento», ejemplifica Álamo, que advierte de que son «problemas muy reales» que padecen «no solo el profesional, sino los ciudadanos», que son los que sufren las consecuencias de una «peor atención sanitaria a sus mascotas.

Esa ha sido la experiencia de Sara de la Fuente, que acude a la manifestación junto a su perra Lori, un bichón maltés de 11 años, que reciéntemente ha tenido que pasar por quirófano debido a una conjuntivitis que no pudieron tratarla a tiempo. «Primero le tuvieron que dar una pomada y después le hicieron un cultivo para darle el antibiótico, pero ya era tarde, se complicó y derivó en una ulcera. En condiciones normales ellos directamente le hubieran dado el antibiótico, mi veterinaria sabía cuál», lamenta De la Fuente, aliviada porque no se tratara de una patología de gravedad. Aún así, «lo que pudo haberse resuelto en una semana de tratamiento al final fueron tres, más los gastos del quirófano», se queja.

La obligatoriedad de hacer pruebas de laboratorio antes de suministrar la medicación supone también un 'handicap' para quienes gestionan colonias. «Estos gatos no se pueden coger para llevarlos a hacer pruebas, la captura les genera mucho estrés», explica Montse Guillen, coordinadora y voluntaria de la Estación de Gatos, una asociación que gestiona 14 familias felinas. En la mayoría de casos son ellos mismos quienes tienen que medicar, para lo que depeden enteramente de los veterinarios: «antes les decíamos los síntomas y nos daban el medicamento, ahora nos dicen que tenemos que llevarlos».