Segovia

Las valoraciones forenses en casos de violencia machista arrastran retrasos de hasta ocho meses

Si esos escenarios son preocupantes, más lo es el de Segovia. De ello da cuenta la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, que advierte de «retrasos de hasta ocho meses». Este lastre, el más pesado de los que soportan el resto de provincias de la comunidad, tiene que ver con «las notables diferencias territoriales en cuanto a implementación y dotación se refiere, lo que condiciona la efectividad y compromete seriamente la protección de las víctimas». Dicho de otro modo: faltan recursos.

El informe detalla cómo hay partidos judiciales en otras regiones que tampoco pueden presumir precisamente de sus unidades de valoración forense. Para muestra, los botones gallegos de Pontevedra y Lugo. El documento del Ministerio Público sitúa en catorce meses la tardanza media en el primero de los casos; la demora en lo que atañe a las evaluaciones civiles en la administración lucense es de hasta nueve meses.

La Fiscalía ratifica así una de las carencias que viene arrastrando la Administración de Justicia en la provincia de Segovia y que también reclaman los últimos presidentes de la Audiencia. A la hora de revisar y definir las demandas más acuciantes, la necesidad de incorporar un equipo psicosocial se repite en la lista que curso tras curso elaboran los magistrados al timón de la nave judicial. Si bien existe un equipo adscrito al Instituto de Medicina Legal para atender al Juzgado de Violencia sobre la Mujer y otro está asignado al de Menores, «resultan insuficientes para atender también a los informes que solicitan el resto de juzgados y la propia Audiencia», advertía el anterior presidente de la Sala Provincial, Ignacio Pando.

El actual responsable, Jesús Martínez Puras, también lo echa en falta, sobre todo porque los asuntos de violencia machista cada vez ocupan más espacio en los registros de entrada. El aumento del volumen se traslada también a la actividad del Ministerio Público.

El problema de fondo es el mismo que el que ya expuso su predecesor. «En los últimos años, ya demasiados, la Administración de Justicia padece una sobrecarga de trabajo inasumible que se trata de paliar con constantes reformas legales, cuando lo apremiante es dotarla de muchos más medios personales y materiales para que no colapse», puso de manifiesto quien a día de hoy preside la Audiencia Provincial de Segovia después de tomar posesión del cargo hace tres meses.

No en vano, Martínez Puras ha demostrado una especial sensibilidad y un conocimiento detallado en este campo. De hecho, ha llevado a cabo una ponencia sobre la distribución competencial en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en pequeños partidos judiciales que «ha sido especialmente relevante», tal y como elogió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, en el citado acto en el que el magistrado recogió el testigo de Ignacio Pando.

«Las carencias estructurales y la implementación desigual de las Unidades de Valoración Forense Integral en España, en sintonía con el último informe de evaluación temática emitido por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica y publicado el 21 de noviembre de 2024, es una realidad», concluye el estudio anual. En ese mismo documento, la Fiscalía añade que «el modelo actual, en muchas comunidades, no garantiza la especialización ni la atención efectiva».

Por ello, el escrito apremia a las administraciones públicas para que tomen cartas en el asunto y hagan una apuesta «decidida» para crear y dotar a dichas unidades del personal suficiente, garantizar su presencia en los turnos de guardia, consolidar equipos multidisciplinares estables y asegurar que los informes se emitan con la celeridad y calidad técnica que exige la gravedad de los delitos que se abordan y la necesidad de protección efectiva a las víctimas.

Según recoge el propio Ministerio de Justicia, y tras varias modificaciones legales sobre su funcionamiento y desempeño, los equipos que se demandan han de asegurar cuatro aspectos claves en la lucha judicial contra la violencia de género, frente a la delincuencia sexual en auge y en la defensa de los derechos de las víctimas y de los menores implicados en los litigios.

Uno de ellos consiste en asumir la asistencia técnica especializada en esta materia concreta y también en los casos de violencia sexual. Dicho apoyo se presta en cada territorio particular como el segoviano a los órganos judiciales que le son propios. La segunda encomienda que han de ejecutar las unidades de valoración forense consiste en «el diseño de protocolos de actuación global e integral» cuando se traten este tipo de delitos. Asimismo, deben de «recoger información que permita generar conocimiento sobre estas formas de violencia», prosigue la definición de sus funciones que hace el Ministerio que dirige Félix Bolaños. Y en cuarto lugar, las dotaciones han de avalar la formación, docencia e investigación en este campo, en colaboración con la comisión formativa y de investigación.

A partir del año 2005, las Unidades de Valoración Forense Integral se incorporaron a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que son órganos técnicos cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica.

La memoria de 2024 que ha hecho pública este mes de septiembre la Fiscalía General del Estado revela esa mayor carga a la que aluden en tono reivindicativo los magistrados. Las estadísticas así lo demuestran. Si se suman todos los procedimientos incoados en Segovia durante el pasado ejercicio en el ámbito de la violencia de género, el aumento de la actividad es del 43%.

Llueve sobre mojado. Y es que en 2023, las diligencias del Ministerio Público ya se había disparado un 48%. Se ha pasado de emprender la vía judicial en 521 casos a hacerlo en 745. Es decir, la media de tramitaciones diarias en la Fiscalía solo en este campo de intervención asciende a dos.

Luego, esos mismos datos recabados en el informe anual precisan dónde radica el incremento experimentado en la cantidad de procesos iniciados. Al acercar la lupa a las cifras del curso anterior y a las que arrojaba la memoria correspondiente a 2023, el Ministerio Público en la provincia, cuya jefatura la ostenta Inmaculada Martínez, sobresale el crecimiento registrado en los procedimientos abreviados instados por el Juzgado de lo Penal: de 34 a 137 en doce meses, lo que quiere decir que se han cuadruplicado en este tiempo.

Asimismo, las diligencias urgentes emprendidas han subido un 35,5% para rebasar la barrera de las doscientas (206). Es sinónimo de decir que el Juzgado de Guardia ha acelerado el ritmo y se ha hecho cargo de más casos para investigar y enjuiciar a la mayor celeridad posible ciertos delitos de violencia machista. La finalidad es abrir a la mayor brevedad un juicio rápido y determinar una sentencia abreviada si hay conformidad.

Por lo tanto, y como consecuencia de estas tramitaciones, de la memoria de la Fiscalía General del Estado también se extrae un incremento considerable de las vistas rápidas. En 2024 se realizaron 115 frente a las 27 del curso precedente. Se han multiplicado por cuatro.

En cualquier caso, la mayoría de las actuaciones son previas. En concreto, a lo largo de todo el ejercicio anterior se registraron en Segovia 279 diligencias de este tipo. La memoria revela que, en estos procedimientos, ha habido un descenso en la cantidad de asuntos abiertos en este sentido en el Juzgado de Instrucción para comprobar si existen o no indicios de delito de violencia machista y quién es el responsable. Se trata del primer paso de los procesos abreviados.