Los sindicatos temen que la suspensión de programas dispare los accidentes laborales

El departamento que dirige Mariano Veganzones ha decidido retirar 20 millones de euros en subvenciones destinadas a los agentes sociales de la comunidad autónoma -los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) y a la patronal castellana y leonesa CEOE- por considerarlos un «gasto superfluo». La primera consecuencia ha sido el Expediente de Regulación de Empleo presentado a mediados de este mes de abril por UGT, que en Segovia afecta a dos trabajadores he venían encargándose de los programas relativos a orientación laboral y prevención de riesgos.

El temor de los sindicatos es que esta sea la primera pieza de un efecto dominó, que caigan más fichas, o lo que es lo mismo, que las organizaciones se vean obligadas a prescindir de quienes velan por la salud de los trabajadores. Sin la ayuda económica, hay planes formativos y acciones que penden de un hilo, como las visitas a las empresas para asegurarse de que cuentan con el plan de riesgos y que, además, se cumple.

«La seguridad y la salud en el trabajo siguen sin ser una prioridad para los distintos gobiernos», critican los portavoces de UGT y CC OO de Segovia que este viernes han leído a dos voces el manifiesto de la jornada mundial. Deducen y alertan de que la suspensión de programas disparará la siniestralidad laboral, que de por sí ya acusó un aumento cercano al 4% el año pasado en la provincia.

En números, las estadísticas oficiales de la Junta de Castilla y León dan cuenta de 2.045 incidentes laborales en los que el trabajador tuvo que coger una baja. La media es de casi seis diarios. A ellos hay que añadir los 143 accidentes, cuatro de ellos graves, ocurridos 'in itinere', es decir, en el desplazamiento de ida o de regreso del centro de empleo.

La inmensa mayoría de los más de dos mil percances son de pronóstico leve; aunque, como han matizado los sindicatos convocantes de la concentración realizada ante la sede de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), hubo que lamentar cuatro fallecimientos, dos en el sector servicios, uno en el agrario, y otro más en el ámbito productivo de la industria. Es un 300% más de víctimas que en 2021, cuando se produjo una muerte.

«En este crecimiento han tenido mucho que ver los accidentes debidos a lesiones no traumáticas y, en menor medida, a siniestros de tráfico» que suelen ser los que arrojan un peor pronóstico médico para quienes los sufren, señalan los representantes de UGT en Segovia. En la provincia, los casos graves también se incrementaron en 2022 con respecto a 2021, pasando de doce a quince. Casi la mitad se produjeron en el sector servicios, en el que se contabilizaron siete; le sigue la industria con cuatro, mientras que el campo y la construcción registraron dos cada uno.

Los sindicatos vienen advirtiendo, tras pasar las peores páginas de la pandemia de la covid, que «la recuperación de la actividad productiva, si no venía acompañada de una mejora de las condiciones de trabajo, tendría como consecuencia un repunte de la siniestralidad». Las estadísticas, por desgracia, dan la razón a aquellas pesimistas previsiones.

De nuevo, son los números publicados por las administraciones los que descubren que el sector más castigado en Segovia por el aumento de la accidentalidad fue el de la construcción. El 'ladrillo' padeció el curso pasado una subida de los percances laborales superior al 8%, con 229 casos que acarrearon bajas, sumados incidentes leves y graves.

Sin embargo, la actividad con más peso en la economía provincial, y que también emplea a más personal, es la que arrastra también una mayor accidentalidad en términos absolutos. El sector servicios se 'cobró' el ejercicio pasado 1.066 percances durante el desempeño de la jornada laboral. Son prácticamente tres cada día, si se saca la media. Siete de ellos fueron graves y dos mortales.

La industria, por su parte, con un tejido más débil en el ámbito provincial, también experimentó una mayor siniestralidad en 2022 con respecto al año anterior. En concreto, veinte incidentes más, lo que equivale a un crecimiento del 4%, pasando de 496 a 516 accidentes en los que el damnificado causó baja en su puesto de trabajo.

El sector agrario fue la excepción que confirmó la regla en la provincia de la tendencia ascendente en la accidentalidad laboral. La reducción registrada el curso pasado en este nicho de actividad superó el 5%. Frente a los 247 contabilizados en las estadísticas oficiales en 2021 se bajó a 234.

La conclusión que extraen los sindicatos en el manifiesto elaborado para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es que los efectos que ocasionan los accidentes y las enfermedades relacionadas con el desempeño laboral constituyen «un grave problema social que lleva a aparejados enormes costes humanos y económicos». Comisiones y UGT hacen hincapié en recriminar a las administraciones los oídos sordos que prestan a esta problemática. Ambas organizaciones lanzan buena parte de sus dardos críticos contra la diana del Gobierno autonómico.

Consideran que las actuales políticas de la Consejería de Empleo y de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Castilla y León, «basadas en el unilateralismo y en la imposición, han conducido a terminar con el Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales 2021-2024» en la comunidad autónoma, recogido en a tercera Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional y Prevención de Riesgos y firmado en el marco del Diálogo Social.

El manifiesto conjunto ahonda en que las directrices impulsadas por Vox en la Consejería que lidera Mariano Veganzones tienen como objetivo «generar ruido y falsear la realidad para justificar decisiones estrictamente ideológicas, eliminando a los sindicatos en Castilla y León como referentes de las políticas preventivas innovadoras, justas, igualitarias y progresistas».