Segovia registró en 2019 una denuncia por drones que sobrevolaban el Acueducto
La Policía Nacional detectó dos aeronaves sin tripulación que incumplían la norma de llevar matrícula y además una de ellas excedía el peso permitido
«Los drones no son juguetes, son aeronaves», recuerda la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se vio en la obligación este lunes de salir a la palestra para dejar claro que el uso de estos aparatos teledirigidos está regulado por un decreto ley de 2017 y, por lo tanto, consta de un marco legislativo que estipula los requisitos que deben cumplir los pilotos que los manejan y que además establece una serie de irregularidades susceptibles de ser sancionadas con multas de 200.000 euros.
Este aviso del ente nacional se produjo después de que el espacio aéreo del aeropuerto Madrid-Barajas fuera cerrado por la presencia de varios drones en las proximidades de la terminal. Esta circunstancia originó un enorme trastorno, ya que durante ese tiempo no hubo ni despegues ni aterrizajes y se desviaron vuelos a aeropuertos alternativos.
El incidente ha reabierto la polémica sobre estos vehículos aéreos no tripulados y manejados de manera remota. La Subdelegación del Gobierno en Segovia recuerda que hay un marco normativo específico que ordena el uso de los drones. El año pasado, solamente se tramitó una denuncia en la provincia por vulnerar esta regulación estatal. Fue en la capital. El pasado mes de abril, agentes de la Policía Nacional detectaron dos drones sobrevolando el entorno del Acueducto.
Tras requerir las aeronaves a los pilotos que las teledirigían, comprobaron que una de ellas sobrepasaba el peso máximo permitido para vuelos en zonas urbanas y sobre aglomeraciones de personas, explican fuentes de la Administración central en Segovia. Si el tope son 200, este dron pesaba 600 gramos, añade la información facilitada la Subdelegación, que matiza que la interceptación y la posterior denuncia no obedecieron a una supuesta amenaza contra el patrimonio universal que representa el Acueducto. Además, ninguna de las dos aeronaves contaban con la pertinente matrícula que las ha de identificar. Este fue el único incidente ocurrido con drones como protagonistas en toda la provincia segoviana durante el año pasado, ya que la Guardia Civil no se vio obligada a intervenir como consecuencia de alguna infracción.
La flota sigue creciendo
Las autoridades defienden una legislación que los pilotos en los foros especializados consideran que es demasiado restrictiva. «Antes existía una situación de ilegalidad y ahora se precisa una autorización y saben que se exponen a una multa de hasta 200.000 euros» si incumplen con lo estipulado en el real decreto de hace tres años. Precisamente, esta legislación por parte del Gobierno central se hacía imprescindible ante el 'boom' que se produjo en España de aeronaves sin tripulación y dirigidas por control remoto.
Pablo Moreno: «Nos permite saber el estado hídrico de las plantas»
La familia de Pablo Moreno posee unos viñedos con el marchamo de ecológicos en Moraleja de Coca. Este joven va y viene de Madrid a menudo para velar por las cepas y para mejorar su rendimiento. Está convencido de que la utilización de un dron contribuye a esa tarea que tiene mucho de investigación en el campo agrícola. La posibilidad de sobrevolar los cultivos con este tipo de aeronaves no tripuladas y de incorporar «una cámara multiespectral para captar imágenes que luego canaliza un programa». La licencia de ese software específico es la que se lleva la inversión, ya que «un dron no es muy caro porque cuesta entre 1.500 y 2.000 euros», afirma Moreno. A modo de ejemplo, indica que «los vuelos por los viñedos permiten ver el estado hídrico de las plantas». Esta tecnología, tanto en los profesional como en lo recreativo, «tiene muchísimas aplicaciones, lo que pasa es que en España aún hay muchas restricciones» que limitan el potencial de las aeronaves teledirigidas. Esos corsés son los que le hacen afirmar que «veo muy alejado todavía que, por ejemplo, Amazon haga los repartos con drones». Eso sí, secunda el aviso de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea: «un dron no es juguete, es una aeronave», por lo que aboga por el uso responsable.
Según los datos facilitados por el que era el Ministerio de Fomento, en el conjunto del país la flota de drones no ha parado de crecer. En 2018, eran 3.202 las aeronaves homologadas en todo el territorio nacional; pasaron a 5.333 un año después, y en la actualidad hay contabilizadas 6.497. En cuanto a los operadores autorizados por las autoridades competentes, esos números oficiales indican que a día de hoy existen en España más de 4.500, cuando en 2018 no llegaban a los 3.900.
Por último, los registros del Ministerio que dirige José Luis Ábalos revelan que en la actualidad hay 6.078 pilotos acreditados con la cualificación necesaria que estipula la normativa sobre drones, que son 1.029 más de los que había hace tan solo dos años.
Asimismo, en cuanto a las actividades más habituales para las que se emplean estas aeronaves sobresalen las filmaciones, la práctica fotográfica y los levantamientos aéreos como los topográficos o la fotogrametría. Este tipo de intervenciones acapara casi cuatro de cada diez usos autorizados. Les siguen las labores de observación y vigilancia aérea que incluyen la grabación de imágenes, así como el control de incendios forestales, que copan prácticamente el 13% de las utilizaciones. Las operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento representan el 12% de las intervenciones.
