El repunte de la inversión pública en la construcción de Segovia no absorbe la pérdida acumulada de 200 millones desde la crisis

La Asociación Provincial de Industrias de la Construcción (APIC) en Segovia ha celebrado este sábado su asamblea general para tomar el pulso al sector en la provincia y medir sus constantes vitales. El presidente, Javier Carretero, quien además reedita cargo por otros cuatro años más al ser el único candidato presentado a las elecciones para renovar la junta directiva, apura este año que ahora acaba con el vaso del optimismo algo más lleno que en cursos pasados, en los que se ha venido manifestando en términos muy críticos y poco halagüeños con el futuro que se oteaba para el sector de la construcción.

«No se ha dado tan mal, este año va a ser algo mejor», comenta lacónicamente. Carretero aprecia síntomas de cierta recuperación, aunque la actividad sigue estando muy sujeta a los vaivenes del mercado y a una elevada fluctuación condicionada principalmente por la inversión de las administraciones públicas, que tampoco se libraron de los corsés impuestos por la crisis.

En Segovia, pone de relieve Carretero, actualmente hay «entre 1.200 y 1.500» personas que trabajan en la construcción. Si se echa la vista atrás, antes de que entrara en la barrera financiera de la recesión, en la provincia había unos 3.000 empleados esta actividad, recuerda el presidente de la APIC. El personal que vivía de los rendimientos que daban el ladrillo y el cemento ha quedado diezmado a la mitad.

Todavía es peor el diagnóstico del mercado empresarial. Desde 2007 han desaparecido del registro de industrias de la construcción entre el 70% y el 80% de las compañías. La crueldad de la crisis se cebó con las pequeñas sociedades, que eran y son mayoría dentro de la actividad. La asociación gremial calcula que ocho de cada diez compañías no tienen más de cinco trabajadores.

Carretero describe así la situación actual: «hay trabajo pero no hay gente para trabajar». Las condiciones laborales no convencen a los demandantes de un puesto en este sector, se lamenta el presidente de la asociación. Que haya trabajo no es sinónimo de recuperación, matiza el representante provincial del sector de la construcción. «El trabajo disponible ha caído por encima de la mitad» en estos años de remar contra la corriente debilitada de las inversiones.

«Sigue habiendo poca obra pública, a pesar del repunte; y mucho trabajo lo acaparan las obras particulares», añade Javier Carretero, quien también llama la atención sobre la «incertidumbre política» como otro palo en la rueda del despegue de la actividad.

Cuando el presidente de la APIC se refiere a que este ejercicio que encara su recta final «no ha sido malo», se fija en la evolución seguida por la inversión pública. En este sentido, los alrededor de 60 millones de euros inyectados en proyectos segovianos suponen un importante aumento con respecto a los datos del año pasado, que acabó con un gasto público total de 13 millones. Peor fueron 2013 y 2014, subraya el responsable gremial, cuando la inyección se quedó en unos pírricos dos millones.

Y cuando Carretero insiste en que la actividad de la construcción continúa sumida en el túnel, pese a los destellos que se divisan, es porque antes de la crisis esa inversión pública en el sector en la provincia rondaba los 270 millones de euros.

En cuanto al volumen de licitación de obra pública, la Fundación Laboral de la Construcción en Castilla y León revela que hasta el pasado julio del presente año, había subido en el cómputo general de la comunidad autónoma en torno a un 75%, con un total acumulado en la región de 932,7 millones de euros. En la provincia segoviana, en la primera mitad del actual ejercicio, el Estado había licitado 1,1 millones de euros; la Junta de Castilla y León, 7,6 millones; mientras que las administraciones locales licitaron trabajos por valor de algo más de cinco millones.

La obra civil se ha aupado hasta el mes de julio como el principal nicho de trabajo para las empresas de la construcción en la provincia segoviana, ya que la cuantía global por la que se ha licitado este tipo de trabajos ascendió a 10,8 millones de euros, lo que representa casi el 80% de los 13,7 millones licitados en total en Segovia entre enero y julio, según se extrae de los datos de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León.

Por concretar, Javier Carretero cita las dos obras donde la inversión pública se ha dejado notar más en este tiempo en la provincia, que son las del desdoblamiento de la variante SG-20 que acomete la Administración General del Estado, y el Palacio de Justicia, paralizado desde el verano del año pasado, pero que esta misma semana el Ministerio ha sacado a licitación los trabajos para dar continuidad a las obras por valor de 10,6 millones de euros.

Esos tenues haces de luz que vislumbra Javier Carretero también provienen de, por fin, la aprobación del Plan de Áreas Históricas de Segovia, el conocido como Peahis. Después de varios años enredado en la madeja burocrática y administrativa, el visto bueno del pleno de la corporación del Ayuntamiento de la capital alimenta la esperanza del sector de «empezar a ver movimiento».

El presidente de la APIC es consciente que el efecto no será inmediato. «Tardará en arrancar», piensa el reelegido máximo responsable de los empresarios de la construcción en la provincia. Carretero intuye que hasta bien metidos en 2020 no se empezará a ver una mayor actividad gracias al desarrollo del plan.

El sector «muy atacado por la presión fiscal, tanto la local como la general», se queja. En el primero de los ámbitos institucionales, señala que «las licencias de obras están muy caras», ya que la administración municipal cobra un 4% del valor total de la licitación. En cuanto al Estado, la construcción a nivel nacional ha solicitado medidas «para incentivar» al sector, como por ejemplo que el particular pudiera acceder a deducciones por las obras contratadas a través de reducciones del 50% en el IVA u otro tipo de ventajas fiscales.

El hecho de que estas propuestas no hayan prosperado, afirma Carretero, lo único que favorece es la economía sumergida en la construcción y que se abone en 'B'.