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«No va a haber feria en muchos años junto al edificio CIDE». Ese es el vaticinio que lanzan al menos tres propietarios de terrenos expropiados para ejecutar el proyecto del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) cuyo cambio de uso ha sido ... aprobado recientemente por el Ayuntamiento de Segovia. Este es un procedimiento que implica la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que está dirigido a dotar de «un adecuado equipamiento» a la única infraestructura que se construyó en la zona, donde sobresale la propuesta de ubicación de un aparcamiento y el recinto ferial.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Segovia ha admitido a trámite esta semana el recurso contra la resolución del área de Urbanismo de la capital en referencia al cambio de uso de las parcelas que estaban destinadas a albergar el CAT. Los propietarios de terrenos se oponen a esta medida, ya que consideran que sus solares fueron expropiados en 2010 con una justificación que respondía a un interés público y social. Sin embargo, tal y como defienden, este fin no queda reflejado en el nuevo uso que la Administración municipal quiere dar a estos espacios, el cual está relacionado con la instalación del recinto ferial, que en los últimos años se ha ubicado en el barrio de La Albuera.
Según explica el representante de los reclamantes, Jesús López, «nosotros pedimos al Ayuntamiento que suspendiera cautelarmente esta modificación, pero dejó pasar el plazo para denegarlo, con lo cual ahora está suspendido el procedimiento de poner la feria allí». A su juicio, es posible que esta parálisis se prolongue en el tiempo, incluso que vaya más allá del medio plazo.
El avance en la vía contencioso-administrativa a raíz de la admisión a trámite del recurso presenta una amenaza para las pretensiones del Ayuntamiento. Esto se debe a que el juzgado debe pronunciarse sobre si mantiene la suspensión cautelar o no. En caso de que lo haga, «se iniciará un pleito que durará años y, hasta que no acabe, no se podrá hacer recinto ferial allí». En caso de que decrete el alza de la suspensión, «al haber un cambio de uso entre una expropiación y otra, pediríamos la reversión de los terrenos».
Otra tercera alternativa que los afectados barajan es que el Consistorio decida iniciar un nuevo proceso expropiatorio expresamente para modificar el uso de los terrenos, pero antes sería necesario «revocar el acuerdo del CAT». Por tanto, no otorgan muchas probabilidades a esta opción, sobre todo cuando la cantidad expropiatoria reclamada todavía no ha sido abonada. «Lo que tenemos claro es que en este mandato la feria no se va a poner en el sector Bonal», insiste López. «La vía judicial dura años», apostilla.
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El Ayuntamiento de Segovia tiene un plazo improrrogable de veinte días hábiles para remitir aquellos expedientes administrativos a los que se refiere el recurso. Por el momento, el equipo de gobierno municipal del Partido Popular, encabezado por el alcalde José Mazarías, no ha establecido contacto con los reclamantes en un intento de aclarar la situación. «Lo sorprendente es que el recinto ferial sea algo prioritario para una ciudad como Segovia, que está necesitada de muchas más cosas que de una feria que dura una semana», declara López.
En este sentido, el representante de una parte de los titulares de parcelas afectadas por el cambio de uso advierte de que el derecho a la propiedad está reconocido constitucionalmente. Por este motivo, «es una ofensa quedarse con los terrenos de las personas sin pagarlos y, en suma a ello, destinarlos a lo que se quiera en cualquier momento y con independencia de lo que esté aprobado legalmente», concluye.
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