El pago de 905.000 euros obligará a recortes en partidas del Ayuntamiento de Segovia
El PP y PSOE intensifican su cruce de acusaciones sobre la responsabilidad de la sentencia que condena al Consistorio
La reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento de Segovia a pagar 905.000 euros en concepto de indemnización por unos terrenos en ... Jerónimo de Aliaga ha desatado una nueva batalla política entre el actual equipo de gobierno del Partido Popular y la anterior corporación socialista. La exalcaldesa y portavoz del grupo municipal Socialista, Clara Martín, ha defendido que la causa de esta indemnización parte de una obligación legal derivada de la aprobación del Plan Especial de Áreas Históricas (Peahis), en el que se determinó que el terreno afectado debía ser considerado como suelo rústico con protección cultural, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. «Fue la propia Junta quien estableció que todo ese entorno del paraje pintoresco de Segovia debía tener esa clasificación», explicó Martín, recordando además que el actual alcalde, entonces delegado territorial de la Junta, debería conocer mejor que nadie esa normativa.
Según la socialista, los propietarios del terreno recurrieron dentro del plazo legal y se abrió un proceso judicial que ha derivado en una indemnización por lo que se denomina 'vinculación singular', una figura urbanística que impide edificar en determinadas parcelas por su valor cultural. Martín aseguró que su grupo se limitó a cumplir la ley autonómica y responsabilizó al actual equipo de gobierno del Partido Popular de no haber defendido con el debido rigor los intereses del Ayuntamiento en la fase judicial: «El juez ha dicho que ha habido un escaso esfuerzo acreditativo en la defensa municipal», sostuvo.
La portavoz también cuestionó al concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, a quien acusó de ejercer como abogado de uno de los propietarios de los terrenos afectados antes de asumir su cargo como edil, defendiendo que esos suelos debían ser urbanos y no rústicos. «¿Será que ese escaso esfuerzo se debe a los intereses de sus antiguos clientes?», insinuó Martín, exigiendo explicaciones públicas al segundo teniente de alcalde. La socialista vinculó este episodio con lo que calificó como una estrategia del PP para desviar la atención sobre otros casos polémicos en el Consistorio, como el que atañe a Rosalía Serrano después de que no declarase ser administradora de una sociedad durante más de un año.
Por su parte, González-Salamanca acusó a Clara Martín de mentir -lo hizo hasta en tres ocasiones- y de no haber tramitado en su día el expediente de responsabilidad patrimonial que dio origen a la reclamación judicial. Según el responsable de Urbanismo y Patrimonio Histórico, la sentencia que fija el rango de indemnización entre 84.000 y 1,2 millones de euros fue dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en octubre de 2022, y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia en marzo de 2023, cuando el PSOE aún gobernaba. «El equipo de gobierno socialista no recurrió en casación esa sentencia y se conformó con los términos establecidos», criticó.
El edil del PP asegura que desde que asumieron el gobierno local, en junio de 2023, han actuado con diligencia: «Hemos defendido la cuantía más baja posible, hemos recurrido en apelación y hemos agotado todas las vías judiciales, incluso acudiendo al Tribunal Supremo y al TSJ de Castilla y León». González-Salamanca negó tajantemente haber representado a los propietarios reclamantes en este caso y calificó las afirmaciones de Clara Martín como «una estrategia para embrollar» que solo busca desviar la atención de su «dejación de funciones» como alcaldesa y concejala de Urbanismo.
El concejal aseguró que la responsabilidad patrimonial derivada del Peahis en el barrio de San Lorenzo es un problema estructural heredado de las decisiones urbanísticas del PSOE: «Solo en indemnizaciones por estas cuestiones el Ayuntamiento ha tenido que pagar cerca de 15 millones de euros», apuntó.
Ambos responsables discrepan incluso sobre si el plan urbanístico permitía alternativas. Mientras Martín defiende que el Ayuntamiento estaba obligado por la ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León a proteger el entorno como suelo rústico, González-Salamanca sostiene que se podrían haber evitado indemnizaciones si se hubiese diseñado el Peahis con un reparto más equitativo de edificabilidad entre propietarios.
La indemnización de Jerónimo de Aliaga, que se imputará al fondo de contingencia municipal, obligará a recortes en otras partidas, según reconoció el edil popular, quien lamentó que decisiones del pasado sigan comprometiendo la inversión presente.
A la espera de la indemnización por los terrenos del CIDE
El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, cifró en 15 millones de euros la repercusión económica negativa que ha tenido para las arcas municipales el pago de sentencias por diferentes actuaciones urbanísticas efectuadas durante gobiernos del PSOE en la ciudad. En este sentido, afirmó que en las próximas semanas se espera conocer la cuantía de otra indemnización a la que tendrá que hacer frente, con total seguridad, el Consistorio en cumplimiento de una sentencia judicial. El edil se refiere a los terrenos sobre los que se levanta el CIDE, cuyos propietarios -una parte de ellos- reclaman más de medio millón de euros.
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