La Junta multa al Ayuntamiento de El Espinar con 5.400 euros por las becerradas de San Rafael

Según recogía el informe previo elaborado por el delegado de la autoridad en estos espectáculos taurinos, en este caso la Guardia Civil, queda constatado que hubo alumnos de la escuela taurina de El Espinar que se metieron en el coso para entrar a matar a los animales lidiados, una función que solo pueden realizar personas que estén debidamente autorizadas, circunstancia que no ocurre con este centro, ya que carece del pertinente reconocimiento oficial. No obstante, la sanción no va dirigida a estos jóvenes, que probablemente desconocían esta circunstancia, sino al Ayuntamiento de El Espinar, por falta de control de estos espectáculos taurinos. En paralelo, la Delegación Territorial de la Junta ha requerido a la escuela taurina que regularice su situación.

El mínimo para este tipo de multas es 50 euros y el máximo de 20.000 (una tercera parte de las que se imponen por infracciones en las corridas de toros). La repercusión que tuvieron estas becerradas, entre otras consideraciones, ha hecho que no se opte por aplicar la sanción mínima.

Fue a finales de agosto cuando el Partido Animalista (Pacma) presentó ante la Junta la primera denuncia por el «maltrato» y las «vejaciones» cometidas durante la becerrada que tuvo lugar el 25 de julio en el núcleo de San Rafael, perteneciente al municipio de El Espinar. Miembros del partido animalista documentaron, a través de un vídeo, algunas de las «irregularidades» detectadas, entre las que figuraban «la vejación y maltrato de los becerros, la intervención de personas ajenas a la lidia o el apuntillado de las crías sujetándolas por el rabo y entre varias personas, algunas de ellas ajenas a la lidia». Esta denuncia hizo que la posterior becerrada de los quintos de El Espinar se desarrollara con más despliegue de la Guardia Civil del habitual

Por su parte, la alcaldesa de El Espinar defendió la tradición de las becerradas. A raíz de la campaña de denuncia de los animalistas, Alicia Palomo sufrió «un acoso brutal» en las redes sociales, donde fue objeto de insultos, amenazas y descalificaciones que sopesó denunciar en los tribunales. Asimismo, esgrimió la legalidad de los festejos con el argumento de que en las actas no figuraba que se hubiera cometido irregularidad alguna.