La Audiencia de Segovia decidirá en una semana si el juicio de las prejubilaciones de la Caja sigue adelante

Atilano Soto. a su llegada a la Audiencia../Antonio Tanarro
Atilano Soto. a su llegada a la Audiencia.. / Antonio Tanarro

Los magistrados deberán motivar su decisión sobre la falta de legitimación para ser acusación particular de la Fundación Caja Segovia planteada por las defensas de los exdirectivos

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ-QUIQUE YUSTESegovia

Algo más de dos horas se ha prolongado este martes en la Audiencia Provicial de Segovia la vista preliminar del juicio contra los exdirectivos de Caja Segovia, acusados por Izquierda Unida, la Fundación Caja Segovia y la Confederación Intersindical de Cajas de los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal en el caso de las prejubilaciones millonarias de varios de ellos, que suman un perjuicio, según la acusación, de más de 17 millones de euros. La sala ha de decidir ahora sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas de los encausados, fundamentalmente sobre la falta de legitimación de la Fundación Caja Segovia para ejercer la acusación particular y sobre la prescripción de cualquier tipo delictivo de los que se les imputan, apropiación indebida y administración desleal.

En el banquillo se han sentado este martes la cúpula directiva de Caja Segovia: los miembros del comité de dirección Atilano Soto, expresidente de la entidad para quien pide la acusación 8 años de cárcel por un delito de administración desleal; Manuel Agudíez, exvicepresidente, con la misma petición por el mismo tipo delictivo; Elena García Gil, exvicepresidenta segunda, con idéntica petición; Manuel Escribano, exdirector general para quien IU solicita seis años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida; Antonio Tapias, exsecretario general, con una petición de seis años por administración desleal y Enrique Quintanilla, que fue subdirector de medios, para quien IU pide seis años de cárcel por apropiación indebida.

También están encausados, como participantes a título lucrativo en los presuntos delitos y para quienes IU pide que devuelvan las cantidades percibidas, Miguel Ángel Sánchez Plaza, exdirector adjunto, que percibió 6,9 millones de euros, 31 de ellos como prejubilación; Óscar Varas, exdirector de riesgos, que recibió 2,9 millones; Juan Antonio Folgado, exdirector de planificación, que recibió 1,6 millones de euros; Malaquías del Pozo, exjefe de comunicación, que cobró 830.000 euros, y Juan Bautista Magaña, exdirector de maketing, que percibió 1,4 millones.

El auto que resolverá las cuestiones previas de las partes será comunicado probablemente la próxima semana

La decisión de la sala que preside el magistrado José Miguel García Moreno tomará la forma de un auto motivado, en el deberá decidir estas cuestiones previas. Si las estima, quienes son la parte acusadora podrán recurrir el auto en casación ante el Tribunal Supremo, aunque el juicio no se celebrará porque, al carecer de legitimación la Fundación Caja Segovia no habría acusación, al no haberla formulado el Ministerio Fiscal y al no tener validez por tanto la que ha ejercido Izquierda Unida como acuasador popular. El auto será dictado probablemente la próxima semana.

Si la sala desestima las cuestiones previas planteadas se celebrará el juicio oral conforme al calendario que ha propuesto la Audiencia, sujeto a posibles modificaciones en función de la posible concurrencia de otros juicios en los que actúan los abogados de las partes. En principio las sesiones, en las que está prevista la declaración de todos los investigados y de seis o siete peritos, se celebrarán los días 5, 6 y 7 de febrero en una primera fase, y los días 12, 13 y 14 de febrero en la segunda, con la posibilidad si fuera necesario de habilitar el día 19 para las conclusiones e informes finales si no haubieran acabado antes los debates.

La frase que resume el sentimiento de los investigados, aunque obvia, la ha pronunciado al entrar en la Audiencia el expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto: «La justicia está para dar razón a quien la tenga».

El auto sobre las cuestiones previas decidirá si acaba con esta resolución el procedimiento penal iniciado hace ocho años por una denuncia de UPyD o si, como esperan Izquierda Unida, la Fundación Caja Segovia y la Confederación Intersindical de Cajas, continúa con el juicio oral en febrero.