Más de 900 firmas exigen ampliar a todos los pueblos el transporte a centros de día

Grupo de ancianos en una residencia de Segovia. /El Norte
Grupo de ancianos en una residencia de Segovia. / El Norte

En la actualidad, los servicios que trasladan a ancianos o personas dependientes fuera de capital cubren trayectos de hasta 8 kilómetros

CÉSAR BLANCOSegovia

Una campaña vecinal de recogida de firmas iniciada en Hontanares de Eresma reclama a la Junta de Castilla y León la ampliación a todos los pueblos del servicio de transporte proporcionado a ancianos, enfermos de alzhéimer y pacientes que sufren algún tipo de patología neurodegenerativas. Los promotores de la iniciativa, familiares de una persona con alzhéimer, aseguran que ya han logrado reunir más de 900 adhesiones en una semana, y esperan que se sumen muchos respaldos más, ya que el problema sobre el que llaman la atención toca a todo el ámbito rural de la provincia. En concreto, a todos los municipios que estén a más de 8 kilómetros de distancia de la capital segoviana.

Tiene su razón de ser, como confirma en su réplica el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar. «Con el ánimo de llegar a más gente» se concibió este radio de actuación del transporte a centros de día, una cobertura planteada en términos técnicos «para equilibrar los tiempos», añade el responsable regional en alusión a la búsqueda de una duración adecuada para los desplazamientos que han de realizar este tipo de usuarios de estancias diurnas.

López-Escobar defiende la evolución en la atención que la Administración autonómica viene prestando a estos demandantes de ayuda. «Desde hace tiempo, la Junta ha ido cambiando de un modelo más residencial a otro más personal, diseñado para poner en marcha medidas concretas para atender necesidades concretas», esgrime el delegado territorial. Si el solicitante no puede acceder a ninguno de ellos, el sistema regional facilita el «abono de la cantidad necesaria para que pueda contratar los servicios que requiera», como pueden ser la lavandería o fisioterapia, por ejemplo.

Así, especifica que existen dos centros de día en la capital y uno en Cuéllar. Luego, hay un servicio de transporte propio de las residencias que «va hasta donde pueden llegar en el área del alfoz». En el caso de Hontanares de Eresma, el municipio efectivamente está más alejado de los 8 kilómetros que establece el radio de actuación del transporte con respecto a los centros que hay en la capital. El problema que se plantea, al igual que ocurre en otras localidades fuera de esa cobertura, es la búsqueda del servicio más adecuado a las necesidades individuales de cada persona que demanda la atención, insiste el delegado territorial.

Una vez determinado, la Administración regional abona esa prestación en función de las condiciones económicas de los demandantes, siempre moviéndose en una horquilla presupuestaria «razonable», precisa Javier López-Escobar.

Pero a los promotores de la campaña de recogida de firmas no les convence el modelo que se aplica. Piensan que es «discriminatorio», reza la argumentación de la petición de apoyos. No se trata tanto de un problema económico, sino de asegurar el traslado diario de ida y vuelta desde el domicilio al centro de día, inciden en su reivindicación.

Que solo se proporcione servicio de transporte a los residentes en la capital y en pueblos que estén a un máximo de 8 kilómetros de la misma –como hace hincapié la queja– obliga «en muchos casos a los familiares a tener que ser los encargados de trasladar a los ancianos o a los enfermos hasta la unidad de estancia diurna». Sin embargo, en ocasiones los hogares no pueden asumirlo.

La familia de Hontanares de Eresma que ha iniciado la recogida de firmas expuso su problemática en la Gerencia de Servicios Sociales, donde la opción que se le propuso fue que contrataran de modo particular un taxi, lo que los afectados consideran «injusto» por el mero hecho de no vivir en una localidad con centro de día y a más de los 8 kilómetros que cubre el transporte.

Y aquí entra en juego otra arista del modelo de atención vigente. Se trata de los criterios que rigen la asignación de una plaza residencial, como son el grado de dependencia o la renta del solicitante. Esta evaluación hace que no siempre se pueda entrar en el centro de día o residencia más cercanos o preferidos por la familia, y que incluso tengan que optar por recurrir al sector privado, exponen los afectados.

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