El Espinar apuesta por la privatización del servicio del agua los próximos 30 años

El Consistorio aboga así por la gestión indirecta del servicio público de abastecimiento y saneamiento de agua en los núcleos de población de El Espinar, San Rafael y La Estación de El Espinar, en la provincia de Segovia, para los próximos 30 años. «En el contexto actual, y analizados los parámetros económicos del servicio obligatorio de abastecimiento domiciliario, alcantarillado y depuración, conviene indicar que la gestión indirecta mediante concesión del servicio reduciría los gastos del presupuesto municipal», explica la memoria presentada. Incluso hace referencia a la posibilidad de incrementar los ingresos mediante la actualización de la base imponible de la tasa por suministro de aguas, o bien mediante la imposición de un canon de la concesión.

Esta idea no termina de convencer a los partidos de la oposición, que sugieren otras fórmulas para resolver el problema. «Privatizar no es la mejor ni la única solución, dejar que una empresa gestione un servicio esencial es una condena para el municipio; perder la potestad de la recaudación de la tasa de agua y depuración es un gravísimo error», considera el PSOE. Por ello, proponen elaborar un plan de inversiones o conseguir financiación a través de un convenio. «Eso sería lealtad institucional, pero de todo esto carece este alcalde y su equipo de gobierno», critican los socialistas.

La memoria se encuentra en información pública e indica que la empresa adjudicataria asumirá los riesgos que conlleva la gestión, a la vez que cuantifica en más de cinco millones de euros las inversiones que se deben realizar para mejorar el servicio. Estas incluyen la renovación del parque de contadores e implantación de un sistema de telelectura, la monitorización en tiempo real de las instalaciones, la sectorización de la red de abastecimiento en ocho áreas para mejorar el control de fugas, nuevos sistemas de filtrado en los depósitos de La Estación y Gudillos, la adecuación y ampliación de depósitos que garanticen un margen de consumo superior a las 24 horas actuales; y la renovación progresiva de redes.

El informe adelanta que las tarifas que pagan ahora los vecinos sufrirán una modificación al alza. «El concesionario lograría cubrir los gastos de explotación globalmente, asumir la ejecución de inversiones para lograr una mayor eficiencia de las redes, una mayor eficacia en la recaudación de las tarifas, así como una mayor capacidad de innovación, con cargo a la tarifa municipal, e incluso con la capacidad de abonar un canon mínimo», señala.

A pesar de estas conclusiones, en Izquierda Unida (IU) se muestran reticentes al cambio. «No estamos de acuerdo con que se pueda concluir que la privatización sea la mejor solución, ni siquiera en términos económicos. Al final, las inversiones las pagarán directamente los vecinos a través de la tarifa, sea al Ayuntamiento o a una empresa. La cuestión es si los beneficios de dicha tarifa recaen en lo público o en lo privado», explican.

El Ayuntamiento declara además que, en vista de la situación actual por el vaciado de la presa de El Tejo, es necesario añadir el coste de mantenimiento del bombeo de Puente Alta. «El funcionamiento de las bombas es a través de grupo electrógeno mediante gasoil, sumándole los gastos de revisión de los equipos y mantenimiento, supone un coste anual de 440.000 euros», puntualizan.

El dato que más llama la atención es la subida de las tasas debido a los altos costes de gestión. El estudio contempla un total de 4.955 abonados, todos ellos de tipología doméstica. «Para garantizar la viabilidad del contrato, se prevé un incremento equivalente al IPC acumulado del 24,1%». En total, se prevén ingresos superiores a 1,5 millones de euros al año, frente a unos gastos de explotación cercanos a 1,3 millones, lo que arroja una rentabilidad del 5,6%.

El tema se encuentra aún en el aire, pero la mayoría absoluta de la goza el equipo de gobierno del PP y su convencimiento de que una gestión indirecta es el modelo más adecuado hace pensar que en los próximos meses el asunto quedará aprobado. Será mediante concurso público la manera en que las empresas puedan optar a un contrato que, atendiendo a las cifras, sería rentable para el adjudicatario.