Los divorcios con custodia compartida se han triplicado desde el año 2013

La Asociación Custodia Compartida Segovia lleva más de una década en marcha. Hoy en día tiene 65 socios, de los cuales cuatro son mujeres. Su origen responde al cambio de roles. «El cuidado de los niños estaba a cargo de las madres, pero en las últimas décadas ha habido un cambio sustancial. Ese reparto de tareas que hoy vemos normal no se valoraba a la hora del divorcio. La jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que la guardia compartida es el mejor sistema para los menores y que debía atenderse siempre que fuera posible», explica su presidente, Néstor Fernández. Tras estas sentencias, hubo un número creciente de padres que empezaron sus procesos. «Antes era casi imposible».

Pese al avance, la implantación de la custodia compartida en Segovia sigue por debajo de la media nacional. En 2018, el 61,6% de las custodias se le otorgó a la madre (65,0% en el año anterior), en el 4,2% la obtuvo el padre (4,4% en 2017) y en el 33,8% fue compartida (30,2% en 2017), cinco puntos más que en Segovia. Mientras, en los casos de divorcio y separación de cónyuges del mismo sexo, el 52,5% fue compartida.

La asociación esgrime estudios psicológicos que atribuyen una mayor estabilidad a los menores que mantienen el contacto con ambos progenitores. Para optar a la custodia es necesario acreditar una participación suficiente en la vida de los hijos. «Es algo que debería presuponerse y demostrar lo contrario».

Como la prioridad es el menor, la asociación subraya su compromiso fundacional contra el maltrato y no abogan por una custodia compartida en estos casos. «Siempre hemos intentado mantenernos al margen de la violencia de género porque es un asunto muy polémico», explica Fernández respecto a las llamadas 'denuncias falsas', casos de padres que han sido denunciados y absueltos varias veces. «Nosotros condenados la instrumentalización de la justicia para inventar evitar la custodia compartida y nos gustaría que las personas que lo llevan a cabo fueran castigadas con la misma dureza que los acusados». Pide una respuesta proporcional. «No sabemos hasta qué punto está un maltratador preparado para cuidar a sus hijos, igual que no sabemos si un asesino lo estaría, pero eso no se lo plantea nadie. Nadie se plantea retirar la custodia de un asesino, un ladrón o un etarra por sus crímenes, pero este tema es mucho más candente. Tiene que haber un equilibrio entre la gravedad y tu capacidad o no para cuidar a un niño».

En la práctica, el colectivo lamenta que la carga de prueba en los procesos judiciales recaiga sobre sus hombros. «Tenemos que demostrar que somos y hemos sido buenos padres cuando nadie lo ha puesto en duda cuando hemos estado casados». Y señala una gran dificultad en la provincia: que no haya un juzgado de familia. Los divorcios que se resuelven de forma contenciosa «rulan» en juzgados de primera instancia no especializados en la materia. «Conseguir la custodia compartida en Segovia depende en un 80% de qué juzgado te toque. Los abogados están perdidos porque no hay un criterio unificado. Gran parte de las custodias se consiguen en la Audiencia Provincial más que en primera instancia».

Así empieza un proceso incierto que puede durar años. Por eso Fernández pone en cuarentena la media nacional de que el contencioso se resuelve en 10 meses. «En Segovia no te vas a menos de 12 o 24 meses». Habla de daños «irreversibles» en el menor, sobre todo en las edades tempranas. «Esos apegos son muy difíciles de recuperar. Crearás otros sentimientos, habrá tipo de relación, pero eso no volverá». Y relata casos en los que el menor rechaza al progenitor por una sensación de abandono. «Es lo peor, que pasen años y te vea como un extraño. Reconstruir esa parte de la infancia es imposible».

El presidente del colectivo relata el impacto personal. «Segovia es una ciudad muy pequeñita. Sabes que tienes a tu hijo cerca, pero no puedes verle y darle un beso. Eso acaba en depresiones y en suicidios, que es una de las grandes lacras que tenemos».También económico, porque los procesos son «extremadamente caros», máxima si supone cambio de vivienda, el paso de pensiones o hacerse cargo de la hipoteca. A nivel nacional, en el 57,3% de los casos de divorcio y separación de los cónyuges de diferente sexo en 2018 se asignó una pensión alimenticia: en el 68,0% el pago correspondió al padre, en el 4,4% a la madre y en el 27,6% a ambos cónyuges.

Además está el coste del proceso judicial, con requisitos como una peritación psicosocial. Se trata de un psicólogo que lleva a cabo un estudio de toda la unidad familiar. Fernández lamenta que en Segovia el equipo psicosocial del juzgado solo atienda casos de violencia de género y divorcios muy conflictivos. Es resto de casos se derivan a profesionales externos nombrados por el Colegio de Psicólogos y la peritación la paga el solicitante: oscila entre 1.200 a 1.400 euros y hay que repetir la prueba en caso de recurrir la sentencia. «Por eso decimos que a la custodia compartida es difícil acceder sin una capacidad económica importante. Parece mentira, pero a veces es para ricos».