La Diputación exige al Gobierno que cumpla «ya» con la financiación local

Ayer tuvo lugar el pleno de la Diputación de Segovia correspondiente al mes de septiembre, durante el cual, además de procederse a la aprobación y la dación de cuenta de diversos asuntos, tomó posesión María Cuesta como diputada provincial integrante del grupo popular, en sustitución de José Luis Sanz Merino, nombrado en julio viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias de la Junta de Castilla y León. De este modo, tras quedar aprobada el acta de la sesión anterior, la diputada adscrita al grupo popular se dirigía al centro del hemiciclo para realizar el juramento del cargo y recibir, de manos del presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, la medalla que la acredita como miembro de la corporación provincial.

Con María Cuesta ocupando ya su asiento, daba inicio un pleno en el que, entre otras cosas, se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 tanto de la Diputación como de Prodestur y se dio cuenta de la aprobación de las líneas fundamentales de presupuesto para 2020 de acuerdo a la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Además, y con la intervención del portavoz del grupo socialista y la réplica del presidente de la Diputación, se aprobó el expediente de modificaciones presupuestarias en el que se incluyen, entre otros importes, los 60.000 euros con los que la Diputación se comprometió a ayudar al Balonmano Nava tras su ascenso a la Liga Asobal, o los 75.000 euros con los que la institución contribuirá a la restauración del castillo de Turégano, dentro del programa del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento.

Precisamente el de Turégano era uno de los asuntos a tratar en el orden del día, quedando saldado, por otro lado, con la aprobación unánime de la firma de un convenio con el Ayuntamiento de la localidad para la concesión de una subvención máxima de 150.000 euros en dos anualidades, que permitan llevar a cabo esta restauración; quedando 75.000 euros consignados al Presupuesto de 2019 y otros 75.000 euros con cargo al Presupuesto de 2020.

Por último, antes de pasar a los asuntos de urgencia, y tras la puesta en conocimiento de las cuentas anuales y la auditoría de control financiero de la Urbanización Quinta Real SA, el presidente aceptó la propuesta de la creación de una comisión de seguimiento de los asuntos relacionados con esta sociedad, que cuenta con una participación mayoritaria de la institución provincial.

Dentro de la sesión plenaria, además, se debatieron dos mociones presentadas, por un lado de forma conjunta por Partido Popular y Ciudadanos, y por otro lado por el grupo socialista. La primera, referente a la transferencia actualizada a los municipios de los recursos derivados de la participación en ingresos del Estado, fue aprobada con el voto en contra del grupo socialista, quedando establecido que la Diputación exigirá al Gobierno de España que «haga efectivas las obligaciones económico financieras que tiene contraídas legalmente con las entidades locales y que tienen su fundamento en un derecho constitucionalmente reconocido». Además, la institución provincial reclamará al Gobierno los «recursos necesarios para apoyar el esfuerzo presupuestario que están haciendo las entidades locales para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos de las entidades locales» y solicitará la convocatoria «urgente» de la Comisión Nacional de Administración Local «para dar cuenta de las razones de la situación creada y acordar soluciones inmediatas». Por último, la segunda moción, relacionada con la gratuidad de los libros de texto, era rechazada, después de que el grupo popular presentase una enmienda a la propuesta que el grupo socialista rechazó.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Máximo San Macario, lamentó la muestra de «incoherencia» y «cinismo político» de Partido Popular y Ciudadanos al elevar al pleno una moción conjunta para exigir al Gobierno central transferir a las entidades locales las cantidades correspondientes a la participación en los ingresos del Estado. San Macario califica la moción del PP y Cs, como «claramente electoralista y carente de lógica» porque las corporaciones locales reciben «puntualmente» del Estado las aportaciones. Por el contrario, «de la Junta, este año, no se sabe si se percibirán las cantidades comprometidas», dijo.

«Queriendo disfrazar su supuesta preocupación por la situación económica de los ayuntamientos, los quince diputados de PP y Ciudadanos han utilizado el pleno para atacar al Gobierno socialista en clara y evidente clave electoral», lamentó San Macario tras la sesión. «Pero en ese tono mitinero que han exhibido hoy las dos derechas, han olvidado explicar que su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2019 ha impedido actualizar las entregas a cuenta previstas en los mismos, así como llevar a cabo la liquidación definitiva de la Participación en los Tributos del Estado correspondiente al año 2017», recordó San Macario.