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Los representantes de la Asociación de Copropietarios, ayer, a la llegada al juzgado. Antonio Tanarro
Una deuda de casi 4 millones por las inversiones de Aquona subyace en la batalla por el agua de Los Ángeles de San Rafael

Una deuda de casi 4 millones por las inversiones de Aquona subyace en la batalla por el agua de Los Ángeles de San Rafael

La comunidad de propietarios, presidida por Óscar Gil, reclama a El Espinar en el juzgado que cumpla la sentencia que le obliga a abastecer al núcleo

Martes, 3 de diciembre 2019, 14:15

La Asociación de Copropietarios de Los Ángeles de san Rafael salieron del juzgado escépticos. Tras escuchar a la representación legal del Ayuntamiento de El Espinar y las argumentaciones de la comunidad de propietarios, los vecinos tienen la impresión de que el desarrollo del juicio deriva en dar carpetazo al asunto. Cabe recordar que la vista celebrada ayer en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dirimía la demanda interpuesta por la comunidad que preside Óscar Gil, el menor de los hijos del fallecido promotor de la urbanización, contra el Consistorio de El Espinar por no haber ejecutado la sentencia que le obligaba al municipio al recepcionar y asumir la prestación del servicio de abastecimiento de agua.

Esta reclamación vía judicial provocó algo inédito, que fue que se sumara al proceso la Asociación de Copropietarios, que durante decenios ha litigado y pleiteado contra el empresario. Algo tangencial, porque las diferencias y desconfianzas se mantienen y quedaron demostradas. El abogado de los vecinos, Marino Turiel, trató de enfocar el objeto de la vista judicial en la prestación del servicio del agua a Los Ángeles de San Rafael y en que, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia, es el Ayuntamiento de El Espinar el responsable.

Pagan un 300% más

En esta línea, acusó de «dejación de funciones» tanto al Consistorio como a la comunidad de propietarios, a la que además reprochó que solo «mira por sus intereses». Para Turiel, la misión era doble: que El Espinar asumiera el suministro de agua a Los Ángeles y la publicación del precio público homologable de la prestación aplicando el coste real. En este punto, salió a relucir la concesionaria que pasa el recibo a los residentes en este núcleo de población, que no solo se quejan de la calidad hídrica que sale de sus grifos y que les obliga desde hace años a tener que abastecerse con botellas, sino también de tener que pagar un 300% más en la factura que sus convecinos de los otros núcleos que conforman el término espinariego.

Antes Aquagest, ahora Aquona protagonizó parte del argumento esgrimido por la representación legal de la Asociación de Copropietarios. La presidenta de esta plataforma, Lucía Cobo, salió del juicio convencida de que ha quedado acreditado que los residentes «pagábamos con nuestros recibos las inversiones [de la citada empresa]; sin embargo no hay ningún apartado en la factura que ponga 'inversiones'». De hecho, afirma que han abonado ya dos de los casi cuatro millones inyectados por la compañía en infraestructuras para el suministro. Cobo piensa que el Consistorio «tiene miedo» de que tenga que hacerse cargo de ese montante.

Además, también los vecinos se quejaron de que «no sabemos qué contrato» firmaron Gil y la empresa, algo que también recriminó el Ayuntamiento a la comunidad de propietarios, ya que sus peticiones para consultar dicho acuerdo se han topado con la negativa de las otras partes en aras de «confidencialidad». «A ciencia cierta no sabemos qué negocios tienen entre ambos», dijo la técnico municipal de Urbanismo a una pregunta del letrado del Ayuntamiento sobre el convenio entre la promotora de Gil y Aquona.

Mancomunidad con Vegas

Asimismo, el abogado del Consistorio asentó su defensa en que ya hay una mancomunidad, constituida en marzo de este año junto al Ayuntamiento de la vecina localidad de Vegas de Matute, que «presta servicios de depuración y tratamiento de forma correcta, por lo que el servicio funciona». Este argumento fue rechazado por la representación legal de los vecinos, que consideran, en palabras de su presidenta, que este ente intermunicipal es un «subterfugio», además de subrayar que «no hay soporte documental» del contrato de Aquona.

Tras cuestionar el acuerdo transaccional de 2013 –firmado sin consultar a los residentes– al que se aferró el letrado de la comunidad para justificar la demanda y recriminar al Ayuntamiento los incumplimientos de sus puntos, el letrado de la Asociación de Copropietarios incidió en «la deuda con Aquona» como una clave que subyace en este enrevesado pleito.

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