Fiscalía pide penas que suman más de 240 años de cárcel para una red de prostitución de brasileñas

Uno de los clubes donde se desarrolló la operación policial. /Antonio Tanarro
Uno de los clubes donde se desarrolló la operación policial. / Antonio Tanarro

El Ministerio Público pide para la cabecilla de la red, desmantelada hace trece años, 49 años de prisión

Ana Nuin
ANA NUINSegovia

Trece años después de que el turbio negocio de la explotación sexual recibiera un duro golpe en Segovia, entre otras provincias de Castilla y León, al desarticularse una red que introducía mujeres brasileñas en España para ejercer la prostitución, los acusados se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide 49de cárcel para la cabecilla de la red, Ivonette B., por los delitos de promoción, favorecimiento o facilitación del tráfico ilegal de personas y la inmigración clandestina; de determinación, mediante empleo de intimidación, engaño y abusando de la vulnerabilidad de la víctima, a ejercer la prostitución, de amenazas y contra los derechos de los trabajadores. Para el resto de los acusados -Enrique C., Alejandro C., Bernardina C., Ángel L., Julio R., Tomás H., Agapito R., José T., Felipe B., Florentino V., José Luis M., Antonio O. y Luis Miguel V- el Ministerio Público pide penas que oscilan entre los 4 años de cárcel y los 28,9. La Audiencia Provincial ha fijado para el 16 de abril, a las 9:30 horas, una vista para resolver cuestiones previas, aunque el juicio proseguirá los días 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de mayo.

El escrito de acusación presentado por la Fiscalía señala que al menos desde enero de 2006 hasta el 23 de noviembre de ese año, cuando la intervención policial puso fin a ello, la acusada Ivonette B.., alias 'Verónica', de nacionalidad brasileña, formaba parte y dirigía una red organizada para traer a España a compatriotas suyas con destino al ejercicio de la prostitución y a la explotación económica de esta actividad. Para ello, una vez era informada por los integrantes de la red en Brasil -entre los que se encontraban al menos dos mujeres conocidas con los nombres de 'María' y 'Larisa' y otras que ejercían como agentes de viajes (que no han sido identificadas y que no son enjuiciadas en este procedimiento)-, que le facilitaban el número de teléfono de mujeres en situación precaria e interesadas en venir a trabajar a España, se ponía en contacto con ellas y las convencía diciéndoles que ganarían mucho dinero y de forma rápida. Una vez que accedían, Ivonette daba instrucciones a los componentes de la red en el país sudamericano para que facilitaran a la mujer el billete de avión hasta España (en ocasiones vía París), una reserva de hotel y la denominada 'bolsa de viaje' (dinero en efectivo para mostrar en los controles fronterizos para acceder al territorio Schengen como turistas). Entraban en España por el aeropuerto de Barajas como turistas y sin poseer permiso de residencia ni de trabajo. Una vez aquí, se ponían en contacto por vía telefónica con Ivonette y eran recibidas por esta, que les retiraba el dinero sobrante del que les había sido entregado en Brasil, y les informaba de la cuantía de la deuda adquirida, determinada de forma arbitraria, y unilateral en algunos casos, de entre 3.500 y 4.000 euros. Era siempre cantidades muy superiores a las que les había suministrado para el viaje, que deberían satisfacer mediante el ejercicio del alterne y la prostitución. Seguidamente, señala el auto de acusación provisional, las mujeres eran trasladadas a los clubes de la organización con cuyos titulares mantenía la acusada relaciones comerciales y acuerdos a estos efectos: Punto Zero (también conocido como bar Zoco), La Capea, en Cantalejo, Boomerang, en Sanchidrián (Ávila) y Golden Sex, en Fonfría (su titular ha fallecido y se ha declarado extinguida su responsabilidad penal), entre los cuales seproducían también intercambios de mujeres.

Según el relato del Ministerio Público, Ivonette actuaba como suministradora de mujeres a esos clubes, los cuales, a su vez, «facilitaban a esta la 'plaza' que necesitaba para que las mujeres traídas por ella ejercieran la prostitución en circunstancias que ella pudiera conocer». En dichos establecimientos ejercían también las mismas actividades otras mujeres que ya habían saldado su deuda con la acusada, y también de otras procedencias. La cabecilla de la red visitaba semanal o quincenalmente los locales para recaudar el dinero obtenido por las mujeres en el ejercicio de la prostitución para el pago de la deuda, retirándoles al menos la mitad de lo obtenido y en ocasiones todo. «Estaba puntualmente informada de las ganancias obtenidas por cada una de las mujeres, ya que en cada club tenía una persona encargada de transmitirle tal información», señala el fiscal. Cuando las mujeres no obtenían suficiente rendimiento, a su juicio, o no le abonaban las cantidades correspondientes al pago de la 'deuda' que mantenían con ella, procedía a cambiarlas a otro club , en connivencia con sus titulares, y las presionaba para que obtuvieran mayores ingresos, llegando a amenazarlas de muerte a ellas o a sus familiares e impidiéndoles marcharse del local mientras tuvieran deuda pendiente.

Al menos diez

La red consiguió introducir ilegalmente en España al menos a diez mujeres, según recoge el escrito del Ministerio Público. Una de ellas, que abandonó estas actividades y estaba ya fuera del control de los acusados, recibió varias llamadas de Ivonette exigiendo el pago pendiente,«diciéndole que sabían dónde estaba, que habían contratado a un hombre al que habían entregado su foto para que la localizara y le cortara el cuello», además de proferir amenazas contra sus familiares en Brasil «diciendo que iban a pagar a un hombre para que los matase». El compañero sentimental de la mujer que dirigía la red, Enrique C., figuraba como su empleador en el expediente iniciado para regularizar su situación en España y, según el fiscal, colaboraba con ella para traer a España ilegalmente a las mujeres brasileñas, acogiendo a alguna de ellas al llegar a Segovia en el domicilio que compartía con Ivonette, a la que llevaba a los locales para cobrar parte de la 'deuda' de las mujeres.

Las condiciones concretas de explotación de la prostitución de las mujeres eran organizadas por los titulares de cada uno de los locales, estableciendo horarios, días libres, duración de la relación con cada cliente, precios de la relación sexual y de las copas a las que eran invitadas, reparto de las cantidades obtenidas por ambas actividades, coste de las salidas y cuantía de la denominada 'diaria' (alojamiento y manutención). También se establecía el precio de las sábanas desechables y multas por no cumplir algunas de las condiciones establecidas. En ninguno de los casos, señala el fiscal, las mujeres poseían los correspondientes permisos de residencia y de trabajo, por lo que tampoco se les dio de alta en la Seguridad Social, «conociendo los acusados que carecían de permisos de residencia y trabajo, y no se les formalizó contrato alguno por escrito, a pesar de que mantenían relación laboral con los mencionados clubes».

Condiciones

Como consecuencia del impago de las cuotas, la Tesorería General de la Seguridad Social sufrió perjuicios económicos cuyo importe no ha sido cuantificado. Como ejemplo, en uno de los clubes se desarrollaban actividades de alterne y prostitución al menos desde octubre de 2005, con las siguientes condiciones: el horario establecido era de 18 horas a 3:30 de la madrugada de lunes a jueves, y los demás días hasta las 4:30 horas. Las mujeres tenían que abonar en concepto de 'diaria' una cantidad entre 40 y 42 euros, que se abonaban a cargo del primer servicio sexual que hicieran, cuyo importe se quedaba el establecimiento. Los 'pases' se cobraban entre 40 y 43 euros, de los que entre 3 y 6 euros (o en algunos casos el 20%) correspondían al establecimiento, y las copas tenían un precio entre 30 y 40 euros, de los que posteriormente se daba el 50% a las mujeres. Se imponían multas por sobrepasar el tiempo fijado para la relación sexual con un cliente, que era de media hora, y por salir del establecimiento con un cliente las mujeres debían pagar 50 euros, que entregaban al camarero antes de irse. En ese caso, al cliente debían cobrarle 250 euros. El local permanecía cerrado con llave, al menos en algunas ocasiones, teniendo las mujeres que pedir permiso para salir. No tenían posibilidad de costear el regreso a sus países ni podían acceder a una actividad laboral legal, hallándose así bajo el control de sus explotadores.

En toda la comunidad, la Policía Nacional detuvo a 29 personas relacionadas con este caso, aunque el grueso de la operación se desarrolló en la provincia de Segovia.