La crispación marca un pleno que aprueba atraer un proyecto militar y actualizar el ARU del Salvador

Vaya por delante que la iniciativa popular, con las observaciones añadidas para que la Junta de Castilla y León, al igual que el Estado y el Ayuntamiento, participe política y económicamente en traer a Segovia un proyecto militar que garantice y genere puestos de trabajo, fue aprobado con los votos a favor de todos los grupos de la corporación. Luquero trató de suavizar el tono del árido ataque de su oponente, al que le espetó que «necesita un curso de arte dramático porque queda mal y nefasto con tanta sobreactuación». Y para ella, se autoprescribió «un curso para desarrollar mi paciencia». Minutos antes, en el debate de la moción, Pérez cargó con dureza contra la alcaldesa.

El portavoz de la bancada popular ha llegado a decir que si el Jefe del Estado Mayor de Tierra (JEME) recibió a la regidora tras el mazazo que supuso la elección de Córdoba para albergar el centro logístico militar (al que aspiraba Segovia y otros ocho municipios más) y que si hay un nuevo encuentro a mediados de julio para tratar alternativas a la Base Mixta, es «gracias» a iniciativas como la presentada en el pleno por su formación, porque «en el Ministerio de Defensa se hablaba de que la alcaldesa de Segovia iba despotricando y que para callarla se vio con el JEME».

Esta desconsideración fue rebatida por Clara Luquero, quien recriminó a Pérez que, de ser verdad lo desvelado en el pleno, «su comentario está fuera de lugar y deja fatal al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra». Asimismo, la concejala de Urbanismo y Patrimonio, Clara Martín acusó en varias ocasiones al portavoz municipal del PP, también senador, de «ocultar información» sobre futuras propuestas militares que tengan en mente su instalación en Segovia.

La alcaldesa también torció el gesto con otro comentario de Pérez en el que el concejal popular le afeaba con gruesas palabras el ampararse en las inversiones de 14 millones de euros previstas en el presupuesto del Consistorio para, en su opinión, disimular la falta de ayudas directas a los ciudadanos. «Ha sido despiadada con los segovianos por conseguir un rédito político, sin embargo no ha dado un solo euro a ayudas directas y usa esas inversiones para lavar su imagen».

El enfado de la regidora y del resto del concejales del equipo de gobierno fue 'in crescendo'. Luquero aguantó y no retiró la palabra a Pérez a pesar de la descalificación, que la alcaldesa tomó como «un insulto» hacia ella. Se defendió con la gestión realizada hasta ahora con respecto a la Base Mixta y con el anuncio de la próxima reunión con el JEME de la que espera salga alguna conclusión positiva. Subrayó en su exposición que, cuando se entrevistó a mediados de marzo en Madrid, «mostré el malestar del equipo de gobierno y de la ciudad por la pérdida del PCMASA 2, y le recordé el vínculo histórico de 220 años y el afecto de Segovia» con el arma de Artillería y con el Ejército.

Luquero también esgrimió que habló con alcaldes de otras ciudades candidatas que se quedaron «para gestionar la decepción» tras la adjudicación a Córdoba y «la mayoría no presentaron proyectos porque no había una convocatoria pública del Ministerio». Aquí, la regidora destacó el apoyo que han prestado otras instituciones, que en el caso de la aspiración cordobesa se tradujo en 107 millones de euros por parte del Gobierno autonómico y, con Jaén, en que la Diputación puso el suelo para ejecutar el proyecto del macrocentro logístico militar.

De ahí que tanto el equipo de gobierno que forman PSOE e Izquierda Unida (IU), como Podemos-Equo pidieran la introducción de una enmienda a la moción del PP para que incluyera instar a la Junta de Castilla y León que se implique política y económicamente en captar para Segovia una unidad o cuartel general del Ejército de Tierra que compense la pérdida de la Base Mixta en un futuro.

En este sentido, la regidora puntualizó que Defensa le transmitió en las conversaciones que ha mantenido hasta ahora que «no tiene presupuesto si hay que hacer obras» para acondicionar el parque a la propuesta que pueda llegar a Segovia. Los responsables del Ministerio conminaron al Ayuntamiento a «buscar recursos de otras administraciones, como el Gobierno regional». Así pues, la alcaldesa sentenció que, de prosperar las negociaciones, «la Junta y la Diputación tendrán que implicarse». Y ante otro ataque en el que Pérez ridiculizó las reuniones con Defensa, que le recordaban a las del presidente Pedro Sánchez con el mandatario norteamericano, Joe Biden, la concejala de Patrimonio le rebatió que esos encuentros «serán más largos».

Los objetivos comunes en los que coinciden todos los grupos de la corporación son los que laten de fondo, más allá del arisco debate, en la propuesta enmendada que ha resultado aprobada por unanimidad. Así lo ven los portavoces, que apuestan por el mantenimiento y creación de empleo, por la diversificación económica y por el impulso industrial, como resumió más conciliador el concejal de Podemos-Equo, Guillermo San Juan.

Todas los partidos apoyaron también la moción que defendían las siglas moradas de actualizar el proyecto del Área de Rehabilitación Urbana (ARU) del barrio del Salvador. San Juan incidió en que es «urgente» porque los vecinos «no pueden esperar otros diez años más». Y es que este plan de revitalización del arrabal segoviano data de 2011, aunque fue en 2013 cuando el Ayuntamiento lo remitió a la Junta, ya que son propuestas que se sostienen en tres patas de financiación, la local, la estatal y la regional. La concejala de Urbanismo y Patrimonio matizó que la única respuesta de la Administración regional no fue ni por escrito y se limitaba a advertir de que no se podían simultanear dos áreas de rehabilitación.

Clara Martín recordó que las iniciativas llevadas a cabo bajo esta modalidad en la ciudad han supuesto hasta ahora la rehabilitación de 1.094 viviendas, con una inversión de 17,3 millones de euros. Asimismo, la edil precisó que el proyecto que se redactó para el ARU del Salvador hace diez años preveía un coste de 7,7 millones y la recuperación de 315 hogares. El barrio acumula deterioro y desperfectos que incluyen la red de saneamiento, como apuntó la concejala del PP, Silvia Pasarón, quien a su vez reclamó un Plan de Regeneración Urbana, que lleva pendiente diez años».

Por su parte, la concejala de Urbanismo y Patrimonio tiene claro que «hay que actualizar el programa» para poder acceder, como pretende la moción de Podemos-Equo, a los fondos europeos de recuperación para contribuir a financiar el ARU. Si bien, Martín hizo un ejercicio de realismo y avisó de que «no va a haber dinero para todo lo que necesita la ciudad» al referirse a las limitaciones de los recursos procedentes de Europa, por lo que dejó entrever que el Consistorio tendrá que poner dinero de las arcas municipales.

La unanimidad alcanzada no se libró de los reproches, como el que realizó la bancada de Ciudadanos, que pidió un trato igualitario para todos los barrios y que al mismo tiempo criticó al equipo de gobierno socialista porque «su gestión urbanística no es precisamente ágil».