Condenada a dos años de cárcel por hacerse pasar por abogada y estafar a inmigrantes

Según el fallo, la acusada regentaba una asesoría fiscal y jurídica en Cantalejo y, aprovechando la vulnerabilidad de personas extranjeras en situación irregular, les ofreció su ayuda para obtener la documentación necesaria para acreditar el arraigo social. A cambio, les reclamó pagos de hasta 2.000 euros por persona, llegando incluso a entregar contratos de trabajo de una misma empresa, con graves defectos de forma y sin validez real. Todas las solicitudes de residencia presentadas con esos documentos fueron finalmente denegadas por la Subdelegación del Gobierno. La resolución subraya que la acusada nunca estuvo colegiada como abogada ni tenía la formación exigida para ejercer como tal, pero utilizó esa apariencia para generar confianza en las víctimas. Aunque la defensa trató de justificar que se trataba de un contrato de servicios sin garantía de resultado, el tribunal concluye que existió un claro engaño al basarse las entregas de dinero en la creencia de que se estaban realizando gestiones legales y viables.

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La condenada deberá indemnizar a cuatro de los perjudicados con 2.000 euros a cada uno, además de abonar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. En cuanto al delito de intrusismo, los magistrados descartan su aplicación al entender que las actuaciones de la acusada no pueden considerarse actos exclusivos de la profesión de abogado, aunque sí constituyeron un engaño que forma parte esencial de la estafa cometida.