Segovia
«Les proporcioné un contrato de trabajo; no es mi culpa si no les dieron los papeles»La Fiscalía pide tres años de cárcel para una supuesta abogada acusada de estafar a marroquíes que querían regularizar su situación
«Nunca me identifiqué como abogada porque no lo soy. Ellos vinieron a mí para que les facilitara un contrato de trabajo y poder lograr ... la residencia por arraigo social. Yo me limité a eso y a proporcionarles la documentación que debían presentar en Extranjería. Si después no consiguieron los permisos, no fue culpa mía».
Así se defendió en la vista oral M. M. L. M., una mujer acusada de intrusismo profesional y de un delito continuado de estafa. La Fiscalía pide para ella tres años de prisión por haberse hecho pasar por abogada sin serlo a fin de estafar a varios ciudadanos marroquíes que buscaban desesperadamente un contrato de trabajo y regularizar su situación en España.
El escrito de conclusiones del Ministerio Público remonta los hechos a la primavera de 2021. Entre los meses de febrero y abril, la acusada, con ánimo de obtener beneficio económico y con ello perjuicio de un tercero, solicitó a los denunciantes la entrega de distintas cantidades de dinero para ayudarlos en la tramitación del procedimiento administrativo de arraigo social, llegando incluso a empadronarlos en su propio domicilio, situado en Cantalejo, y ofrecerles un contrato de trabajo que les permitiera regularizar su situación en territorio español. La Fiscalía entiende que M. M. L. M. actuó con «claro engaño», pues utilizaba un despacho en el que se presentaba como abogada y se desempeñaba como tal, sin que su nombre constara como colegiada ni ejerciente en los Colegios de Abogados de Madrid y Segovia, y «a sabiendas de que no iba a realizar ninguna de las gestiones prometidas».
Cinco son los denunciantes que aseguran haber sido estafados. Entregaron a la procesada cantidades de entre 3.000 y 1.700 euros sin resultado alguno porque Extranjería acababa rechazando las solicitudes presentadas. Tampoco llegaron a trabajar en la empresa para la que M. M. L. M. les conseguía el contrato, relacionada con la construcción. Los perjudicados reclaman ahora las indemnizaciones correspondientes a los delitos cometidos. En este sentido, la Fiscalía solicita para la acusada, en concepto de responsabilidad civil, la devolución de las cantidades recibidas, que suman 10.700 euros.
El juicio tuvo lugar este viernes en la Audiencia de Segovia. La acusada no declaró presencialmente, sino por videoconferencia. M. M. L. M. negó haber ejercido como abogada, profesión para la que no posee titulación, sino como asesora fiscal. Sostuvo su inocencia y aseguró haber obrado «de buena fe» con el único objetivo de facilitar a los ciudadanos marroquíes que demandaban sus servicios las herramientas necesarias para regularizar su situación. «No venían a pedirme asesoramiento, porque conocían el procedimiento mejor que yo, sino un contrato de trabajo. Nos veíamos en mi oficina, a veces fuera de los horarios laborales. Siempre realicé el trabajo que me encomendaron, recibí los pagos por transferencia y declaré ese dinero como corresponde. Pero en mis manos no estaba si les iban a dar los permisos o no», contestó a las preguntas de la fiscal y de los abogados de la acusación particular y la defensa.
También declararon los perjudicados, en calidad de testigos. Todos aseguraron haber confiado en la acusada precisamente porque se presentaba como abogada. Unos pagaron más y otros menos, según pudieran hacerlo, pero ninguno de ellos consiguió los deseados 'papeles' ni trabajar en la empresa que supuestamente les había contratado. «Me pedían documentación relacionada con la empresa y cuando me ponía en contacto con la abogada me daba largas y me decía que me volviera a Marruecos», afirmó uno de ellos.
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