«Las bofetadas que recibimos de políticos, jueces, fiscales... son interminables, es inhumano»

Javier García Municio durante una entrevista. /Antonio Tanarro
Javier García Municio durante una entrevista. / Antonio Tanarro

Javier García Municio, padre del joven que murió en el accidente del Alvia en 2013, pide una investigación técnica independiente

Carlos Álvaro
CARLOS ÁLVAROSegovia

El próximo 24 de julio se cumplen seis años de aquella fatídica víspera de Santiago de 2013, cuando un tren Alvia que viajaba de Madrid a Ferrol descarriló en la curva A Grandeira de Angrois, a tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. El accidente se llevó por delante la vida de 80 de los 224 pasajeros, entre los cuales estaba el joven segoviano Francisco Javier García Liras, Curro, de 27 años. Próximo el aniversario de la tragedia, su padre, Javier García Municio, lo recordó ayer con verdadera emoción: «No es cada aniversario; para mí, es cada día 24 de cada mes del año, es cada día, y, por desgracia, eso va a ir conmigo hasta el final de mi vida. Trato de que los demás no lo sientan en exceso, sobre todo mis familiares, mis allegados y la gente que nos ayudan a seguir, y es verdad que el tiempo va haciendo su labor, pero lo de mi hijo estará ahí siempre, estará ahí siempre».

El proceso derivado del accidente, las trabas que los familiares han encontrado en la investigación echa leña al fuego del dolor. «Si pudiera decir: bueno, ha habido una sentencia y puedo dar el asunto por zanjado..., pero esto es interminable, como interminables son las bofetadas que nos dan por todos lados políticos, jueces, fiscales, responsables ferroviarios... Es inhumano. El único delito que cometimos fue que nuestros familiares, que mi hijo comprara un billete para subirse a un tren que lo tenía que haber llevado a su destino sano y salvo, como es obligación del transporte público».

Javier García Municio pidió ayer al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que cumpla con la palabra que en su día dio a los miembros de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 y abra una comisión de investigación técnica independiente que vaya al fondo de la cuestión y arroje luz sobre unos hechos que, según los familiares, siguen sin estar claros. De momento, bajo el título 'El ministro Ábalos ningunea a las víctimas del Alvia ¡Cumpla su palabra!', la plataforma digital Change.org ha recogido casi 46.000 firmas en apoyo de esa comisión independiente que tanto se resiste. «El ministro dijo que había que estar a la altura y añadió que su voluntad era la de asumir la propuesta de una investigación técnica independiente. Esto fue en septiembre, pero no hemos vuelto a tener noticias. Bueno, sí, porque ha dicho que a las víctimas solo debe preocuparnos la investigación judicial, y eso no es así. La investigación judicial nos importa, claro, por las responsabilidades penales que debe conllevar, pero lo que verdaderamente nos importa es saber la verdad», señala el padre de Curro.

Los familiares de las víctimas continúan luchando contra el contenido del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), denunciado por la Unión Europea por su falta de independencia. Europa viene reclamando a España desde hace dos años una investigación técnica independiente que esclarezca el suceso. «Menos mal a Europa. Europa es nuestro consuelo y nuestra esperanza», añade García Municio.

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La Plataforma Víctimas Alvia 04155 considera que el Gobierno de España no ha cumplido «de forma adecuada» con su obligación de investigar el accidente ni con la Directiva de Seguridad Ferroviaria, pues no ha respondido a cuestiones, esenciales para su esclarecimiento, que precisamente guardan relación con organismos que estaban incluidos en el equipo de investigación, como Adif, Renfe o Ineco. «Eso se llama ser juez y parte y atenta contra la Directiva 2004/49, que exige que haya una investigación independiente para cada accidente. La CIAF, dependiente del Ministerio de Fomento, erró porque ni era independiente ni dio audiencia a las víctimas». García Municio también desconfía de la comisión de investigación parlamentaria, ahora paralizada, porque, en ella, PSOE y PP han hecho «todo lo posible» para proteger a sus exministros de Fomento relacionados con el caso, José Blanco y Ana Pastor, respectivamente. El proceso judicial, por su parte, sigue su curso, pero aún no hay fecha para la vista oral.