Aumentan un 30% los segovianos beneficiarios del descuento en la tarifa eléctrica

Cuando se aproxima el momento de pasar la página de la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia, las economías domésticas de hogares y negocios siguen acusando el impacto de las ondas expansivas de la invasión rusa y de un contexto de «incertidumbre», como lo ha definido Lirio Martín. Un botón de muestra de esa zozobra avivada por la tendencia alcista de la inflación es que cada vez más segovianos demandan el bono social eléctrico. El descuento en la tarifa «para consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión beneficia a 4.454 personas», ha destacado en su repaso la subdelegada.

Esta extensa cobertura pone en evidencia la realidad de que cada vez hay más hogares que se acercan al abismo de la pobreza. O al menos, cada vez más población encaja en los supuestos económicos y sociales de vulnerabilidad establecidos por el Gobierno para acceder al bono eléctrico, bien por disponer de unas rentas o pensiones insuficientes, por los menores que dependen de la unidad familiar, por la situación de familia numerosa... y así hasta veinte requisitos regulados en la normativa que ordena la obtención del descuento en la factura eléctrica.

En dos años -entre 2020 y 2022- hay 1.014 segovianos que se han sumado a la lista de beneficiarios del bono y que se han agarrado al salvavidas lanzado por el Ejecutivo central a través de una batería de políticas sociales para socorrer a las personas del ahogo económico provocado, primero por las oleadas de la covid, y ahora por el tsunami de la escalada de los precios y costes.

En 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaba que había 3.440 ciudadanos de la provincia que se habían acogido a esta ayuda trasladada a la factura de la luz; al año siguiente ya eran cerca de 3.900, lo que representa un aumento superior al 11%, el mayor de los experimentados en el conjunto de Castilla y León. El pasado 2022, los demandantes del bono social eléctrico en la provincia se acercaban a los 4.500. Esto quiere decir que en dos años, los beneficiarios de la rebaja en el recibo han aumentado casi un 30%.

Son todos los están; pero sin embargo no están todos los que son y que necesitan el auxilio institucional. Así se deduce del informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada). Los números que arroja la lectura autonómica le sirven a Cáritas Diocesana en Segovia para extrapolar la expansión de la pobreza en la provincia.

Según dicho estudio, uno de cada seis ciudadanos padece exclusión social. A partir de un padrón que supera los 153.600 habitantes, se deduce que el 18% se encuentra en esta situación de vulnerabilidad. Son en torno a 27.000 personas que residen en Segovia las que sufren carencias para tener cubiertas las necesidades básicas. Uno de cada seis de estos ciudadanos es beneficiario del bono social eléctrico.

La cesta de la compra se encarece, los combustibles y carburantes suben, aumenta la cuota de la hipoteca (el que pueda haberse permitido meterse en la compra de una vivienda) o el casero repercute en el alquiler la subida de los costes. Los ingresos no dan abasto, el margen de ahorro se queda sin oxígeno y las rentas no dan para asumir, entre otros gastos, las subidas de la luz y de la electricidad.

Ante este escenario, la representante del Ejecutivo de la nación en la provincia ha desgranado otras políticas de índole social que contribuyen a aliviar las cargas de los hogares más castigados por la concatenación de crisis. Estas iniciativas «colocan al ciudadano en el centro de la acción del Gobierno», ha ensalzado Martín. Así, ha cifrado en unos 34.400 los segovianos que se ven favorecidos por la revalorización de las pensiones, con una prestación media de 1.130 euros al mes, lo que conlleva un aumento del 10,3% con respecto al año anterior. «Esta cuantía supone 91 euros más que el pasado mes de diciembre y 107 euros más que hace un año», ha especificado Lirio Martín.

La responsable del Ejecutivo central en la provincia también ha alabado el esfuerzo del Gobierno por elevar el Salario Mínimo Interprofesional. Según los cálculos de la subdelegada, esta subida beneficia a unos 25.800 segovianos, que ven cómo su nómina 'engorda' hasta los 1.080 euros brutos mensuales en catorce pagas, lo que equivale a 15.120 euros al cabo del año.

Otra de las medidas sociales que ha citado Lirio Martín en su repaso es la implantación del Ingreso Mínimo Vital. A fecha de hoy, en la provincia, a tenor de los datos facilitados por la subdelegada, 4.932 personas han posido acceder ya a estos importes.