Atilano Soto sale indemne de otro lío judicial: archivan la querella de Verae contra parte de la excúpula de Segovia 21
El juzgado considera que no hay datos para apreciar los delitos de denuncia falsa, blanqueo de capitales y administración desleal
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Segovia ha acordado el archivo de la querella presentada por la empresa Verae, que ... llevó la administración de Segovia 21, por los presuntos delitos de denuncia falsa, administración desleal y posibles delitos de blanqueo de capitales de los que acusaba al expresidente de la Diputación Atilano Soto, al administrador de la sociedad participada por la Diputación, Jesús Sánchez, a Fomento Territorial al responsable de esta sociedad Elías Benatar (encargada de la gestión), además de a Miguel Ángel González, miembro del consejo de Segovia 21 hasta 2011. El auto del juzgado, de fecha del 30 de septiembre, considera que no existen datos o elementos subjetivos suficientes para apreciar estos delitos.
Declara el juez que el asunto ha sido judicializado «en multitud de ocasiones y en todos los aspectos», y a pesar de que decreta el sobreseimiento provisional de la causa indica que los pagos a Fomento Territorial por la gestión de Segovia 21 «pudieran ser excesivos», que las compras de suelo y la financiación estuvieron controladas por Caja Segovia, que el consejo de administración de Segovia 21 «se concentraba en el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto» y que en un momento dado se llegó a descapitalizar a la sociedad «como consecuencia de dichas operaciones». En este sentido, por lo que se refiere al delito de denuncia falsa de Fomento Territorial que apuntaba Verae como querellante, el auto del juzgado insiste en que «ya fue en su día judicializado sin que proceda entrar de nuevo en el asunto».
Respecto a los demás delitos que la sociedad Verae imputa a los querellados, concluye el auto que no aprecia datos sobre su existencia, «con independencia de que existiera una responsabilidad administrativa o política», y sin perjuicio de «lo que resolviere una instancia judicial superior».
Esta declaración final cuenta con el párrafo anterior de la resolución, en el que cita que existe un informe de inspección tributaria a Segovia 21 que «pone de relieve un probable inflamiento de los costes de urbanización, si bien el abogado del Estado concluye que no existe delito fiscal aunque reconoce la existencia de sobrecoste al haberse desembolsado todos los importes facturados, sin retorno». Y añade que Fomento Territorial accedió al contrato de gestión de Segovia 21 mediante concurso público.
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