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Jesús Grande, alcalde de Villacastín. F. B.
La Audiencia ratifica la sentencia de 7 años de inhabilitación al alcalde de Villacastín

La Audiencia ratifica la sentencia de 7 años de inhabilitación al alcalde de Villacastín

La Audiencia de Segovia ratifica la condena por un contrato 'a dedo', pero Jesús Grande no piensa dimitir porque cree que hizo «lo mejor para el pueblo»

Ana Nuin

Valladolid

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Miércoles, 25 de abril 2018, 07:43

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La Audiencia Provincial de Segovia ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Penal contra el alcalde de Villacastín, Jesús Grande, que fue condenado a siete años de inhabilitación para el desempeño de cargo público por un delito de prevaricación, al contratar de forma irregular a un trabajador en 2011. La Sala provincial ha desestimado el recurso interpuesto contra la resolución del juzgado, que consideró probado que el alcalde contrató a un oficial de electricidad, sin que tuviese la titulación de FP ni el carné de instalador requeridos en la oferta de empleo pública, rechazando así a los candidatos propuestos por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl).

Posteriormente el trabajador sufrió un accidente y la mutua comprobó entonces la irregularidad, de la que el Partido Socialista informó a la Fiscalía, que en 2013 abrió diligencias en un proceso cuyo juicio oral se celebró en 2016. El Ministerio Público solicitó ocho años y cuatro meses de inhabilitación para Grande, pero finalmente el juez le condenó a siete, la pena mínima prevista para estos casos.

Tras conocer la sentencia, Jesús Grande solicitó la baja en el Partido Popular, que fue aceptada por la dirección provincial, pero se mantuvo en la Alcaldía. Ahora, tras el rechazo del recurso, tampoco piensa dimitir, «porque hice lo que el pueblo necesitaba. En otros casos similares al mío, los tribunales han dado la razón al denunciado. Yo voy a seguir agotando las vías legales a mi alcalce y recurriré al Tribunal Supremo».

Grande insiste en los argumentos que expuso durante el juicio, en el que explicó que la empresa que se encargaba del mantenimiento eléctrico en la localidad dejó de prestar el servicio y decidió recurrir a un vecino con experiencia en este tipo de trabajos, que se encontraba en paro. «Yo le pregunté si se responsabilizaba de las necesidades, no se le pidió documentación porque se trataba de salir del paso. Llevábamos quince o veinte días sin servicio y en algún barrio había problemas».

El alcalde reiteró durante el juicio que «no lo hice por capricho, sino por necesidad», pero el juez consideró probada la existencia de un delito de prevaricación, ratificado ahora por la Audiencia.

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