Acusan al exalcalde de Hontanares de pagar con dinero público el máster de la secretaria municipal

Según el ministerio público, en 2006 el alcalde autorizó a la secretaria interina del Ayuntamiento a que hiciera un máster en Planeamiento y Gestión Urbanística impartido por el Icade en la Universidad Pontificia Comillas. El coste ascendía a 10.700 euros, que fueron abonados con cargo a los presupuestos del erario público pues, según la Fiscalía, los pagos fueron domiciliados en la cuenta de la Corporación Local.

En marzo de 2017, y sin que fuera aprobado por el pleno de la Corporación, sin dotación presupuestaria y sin la existencia de un expediente técnico que acreditase la creación de una plaza de técnico urbanista, ambos acusados decidieron crear dicho puesto para que, en su día, fuese ocupado por la secretaria al margen de todo procedimiento administrativo y prescindiendo de todos los requisitos legales, asevera el relato del ministerio público. Además se simuló que dicha plaza fue creada en el pleno del mismo mes, con una resolución firmada por el alcalde y remitida por la secretaría en el BOE, el BOCYL y el BOP.

En base a dichas publicaciones se presentaron varias personas (incluida la acusada) al concurso, del que los miembros del Tribunal fueron designados por el alcalde y al que no se dio publicidad. El ministerio fiscal asegura que debido al concurso de la secretaria interina a la plaza de técnico urbanista, Cuesta solicitó al Colegio de Secretarios de Ayuntamiento que designase un nuevo secretario por incompatibilidad. Pero al detectar las irregularidades de la convocatoria, el Colegio decidió por unanimidad poner los hechos en conocimiento de la subdelegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León advirtiendo de su ilegalidad. A pesar de ello, el alcalde respondió con un escrito en el que manifestaba que «este Ayuntamiento tiene potestad para crear y cubrir sus plazas de la manera que estime conveniente».

A pesar de las advertencias, y siempre según el relato de la Fiscalía, el concurso se llevó a cabo con la acusada obteniendo la mayor puntuación, debido a que en las bases se atribuía una mayor puntuación a quien hubiera desempeñado funciones públicas. Un mes más tarde, en diciembre de 2008, solicitó una excedencia voluntaria de la plaza de técnico urbanista que le fue concedida por el alcalde, a pesar de que nunca existió contrato laboral entre la acusada y el Ayuntamiento, y la plaza nunca fue cubierta por persona alguna.

De 2009 a 2011, la secretaria municipal llevó a cabo «actuaciones falaces» en relación con los puestos de trabajo de la corporación local al hacer constar a mano que existía una plaza de técnico urbanista, actuación de la que no está acreditado, según la fiscalía, que Pedro Luis Cuesta conociese, ya que se hizo con posterioridad a su firma.

Tras las elecciones de mayo de 2011 hubo un cambio en el gobierno del Ayuntamiento de Hontanares de Eresma, que pasó a estar dirigido por el candidato del Partido Popular, Javier García García, quien elevó consulta al Consejo Consultivo de Castilla y León sobre lo sucedido. El órgano regional con sede en Zamora determino que era procedente acordar la nulidad de la plaza.

En abril de 2012 tomó posesión de la plaza de secreterio municipal un titular, por lo que se cesó en sus funciones de secretaria interina a la acusada. Ante su marcha, pidió su reincoporación como técnico urbanista, petición que fue denegada a través de un decreto del alcalde Javier García García. Contra la decisión del regidor popular interpuso la acusada una demanda para tratar de acceder al puesto de técnico urbanista, así como una indemnización de 114.000 euros. En el proceso la Fiscalía asegura que la acusada aportó, entre otros documentos, una supuesta providencia de la Alcaldía de Hontanares de Eresma en la que se hacía constar que el pleno del Ayuntamiento había aprobado la convocatoria para cubrir la plaza de técnico urbanista, documento que el ministerio público considera falaz. No obstante, dicho procedimiento se encuentra paralizado por prejudicialidad penal.