Los acusados de traficar con cocaína en Segovia declaran ser inocentes

Los doce investigados en la trama segoviana de la operación 'Resurgir', acusados de delitos contra la salud pública y de pertenecer a grupo criminal, hicieron uso de su derecho a no contestar a la preguntas del fiscal en la primera jornada del juicio oral que tuvo lugar ayer en la Audiencia Provincial de Segovia. Tres de ellos, acogiéndose a este derecho, tampoco quisieron responder a sus propios abogados.

Aún así, la Fiscalía formuló las preguntas que tenía para cada uno de los acusados, cuestiones como si se conocían y de qué, si traficaban con drogas, si alguien les ayudaba en la venta, cuales eran los motivos de los viajes que realizaban, si tenían deudas económicas, por qué tenían el material incautado en los registros de su domicilio (balanzas, teléfonos móviles...), una circunstancia que motivó que las defensas dejaran constancia de su protesta, ya que se oponían a que se formulara las preguntas sin que tuvieran respuesta. Quedó constancia de la queja, pero el juez entendió que no había vulneración de derechos y permitió que la Fiscalía realizara sus preguntas. Yantes de la declaración de los acusados, la Fiscalía pidió también incluir un anexo al atestado de la Guardia Civil, si bien el juez entendió que tampoco era el momento.

En sus primeras declaraciones, con monosílabos y respuestas cortas, todos los investigados afirmaron conocer las causas por las que se encontraban en el juicio y de qué se les acusaba, y también negaron traficar con drogas, así como pertenecer a grupo criminal y manifestaron no estar «para nada» de acuerdo con los delitos que se les imputan.

A preguntas de su abogado, uno de los investigados que, según el fiscal, se dedicaba a mantener reuniones y entrevistas con posibles compradores, declaró no tener «ninguna relación con los hechos» y aseguró que se dedicaba «a la venta de joyas».

Otro acusado, considerado el encargado de realizar las labores de transporte de la cocaína con su propio vehículo, negó su implicación en los hechos y también que su mote o apodo sea el que aparece en la investigación.

Dos de ellos, que mantienen entre ellos una relación familiar, reconocida en la vista, negaron su implicación en los hechos que se imputan y admitieron ser exconsumidores de drogas, motivo por el cual se encuentran en un programa de Cruz Roja.

Una de las mujeres que también está acusada y que es esposa de uno de los implicados también aseguró a preguntas de su abogado que no tenía relación con los hechos y se ratificó en las palabras realizadas en la primera declaración.

El último acusado (que se encuentra en prisión actualmente) no lo está de pertenecer al grupo criminal pero sí del delito más grave, contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidades que exceden notablemente la considerada como de notoria importancia. En concreto, por la supuesta venta de 11.370 gramos brutos de cocaína que llevo desde Colombia a España, hechos por los que el fiscal pide para él la pena de nueve años de prisión y una multa de 2.779.877,72 euros. El supuesto autor ha negado estos hechos este martes en el juicio, además de asegurar, en respuesta a su abogada, que sufre de una minusvalía.

Esta persona, de Miranda de Ebro, según consta en el informe, se dedica como actividad principal a la venta de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína en grandes cantidades y ha sido uno de los suministradores habituales de cocaína de otro de los acusados que tiene una importante deuda económica derivada de la venta de droga con ese acusado.

Además, hay indicios de que este acusado pudo haber matado a la persona que custodiaba la cocaína del acusado, al sospechar que este le había sustraído un kilo de cocaína. Por eso, el Juzgado número 1 de Segovia dictó un auto para que el Juzgado número 1 de Miranda de Ebro investigara el posible homicidio cometido. Esto provocó registros de los domicilios de Miranda de Ebro con la consiguiente detención del acusado. Se le considera responsable de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud por exceder notablemente la cantidad incautada de la considerada como de notoria Importancia. En concreto, y según el informe, de 11.370 gramos brutos de cocaína, que excede notoriamente hasta en 15 veces más de la considerada como de notoria importancia y tiene un valor en el mercado ilícito de la droga de 394.508, 21 euros en la venta al por mayor, y de 1.111.951, 09 euros en la venta al por menor.

Tras el receso, de una hora, porque la primera parte fue más ágil de lo que se esperaba, llegó el turno de los testigos, cinco. Declararon los agentes que participaron en la operación, aunque antes el juez autorizó a uno de los investigados a ausentarse en la sesión de hoy miércoles, ya que precisa de fuerte medicación, según apuntó su abogada defensora. El juez atendió a esa petición.

La mayoría de las cuestiones a los testigos giraron en torno al inicio de la operación, al operativo policial, a la vigilancia y escuchas telefónicas. Precisamente el auto de la Sala de la Audiencia Provincial del pasado 21 de enero declaró ilícitas las escuchas y los micros en los coches en esta operación.

El juicio continua hoy con más pruebas testificales y quedará visto para sentencia en la jornada de mañana jueves tras las conclusiones finales.

La Fiscalía pide para los doce acusados penas que suman más de 80 años de prisión y multas que superan los tres millones y medio de euros. El proceso surgió de una investigación llevada a cabo en la que se detectó la presunta implicación de los ahora acusados en la venta de drogas detectada en Segovia a finales del año 2018.