La Fiscalía rechaza que el consejo de la Caja termine en el banquillo por la hipoteca del Torreón

La Fiscalía sigue sin apreciar delito en las dos causas judiciales abiertas en relación a la gestión de la extinta Caja Segovia. Su posición no se ha movido un centímetro respecto al caso de las prejubilaciones millonarias y los planes de pensiones que suscribieron antiguos altos cargos de la entidad, en el que las acusaciones solicitan penas que oscilan entre ocho y tres años de prisión, y también se va a ratificar en la petición de archivo de la causa abierta por la decisión que llevó a la hipoteca del Torreón de Lozoya y de otros inmuebles de Caja Segovia, pese a que la Audiencia Provincial acaba de respaldar la decisión del juez Jesús Martínez Puras de dar continuidad a las diligencias previas por si los hechos atribuibles a los integrantes del último consejo de administración fueran constitutivos de «un presunto delito de administración desleal». El Ministerio Público se mantiene firme en su tesis de que las personas para las que la Audiencia Provincial solicita la continuidad de las diligencias, después de rechazar los recursos de apelación Atilano Soto, expresidente de la Caja; Manuel Agudíez, exvicepresidente; además de Elena García Gil; Fernando Acebes; Juan Ignacio Antón; José Pablo Lozoya; María Concepción Monte; Alfredo Velasco; Antonio Rodríguez y los diputados provinciales en la actualidad Miguel Ángel de Vicente, vicepresidente de la institución; José Luis Sanz Merino (PP) y Jesús Yubero (PSOE), no hicieron un abuso de sus funciones en beneficio propio o de terceros. La postura es la misma que la anunciada en junio pasado por el fiscal jefe de Segovia, Antonio Silva, quien definió el proceso de «lío jurídico», pero concluyó que quienes aprobación la hipoteca por valor de 6,8 millones de euros para saldar la deuda tributaria de la sociedad Navicoas, que estuvo participada al 55% por Caja Segovia, «no actuaron deslealmente». La Fiscalía solicitó entonces al magistrado el «sobreseimiento provisional», y ahora, tras la decisión de la Sala provincial de continuar con el proceso, vuelve a decidir no acusar a los miembros del consejo que se reunió el 26 de marzo de 2012 y que aprobó el acogimiento al préstamo hipotecario.

En la exposición realizada en junio, la Fiscalía subrayaba que la asesoría jurídica que recomendó a Caja Segovia la opción «menos mala» era la propia Bankia, aunque tampoco hallaba motivos para derivar la responsabilidad civil a esta entidad, ya que consideraba que no está demostrado que hubiera sacado un enriquecimiento injusto en la negociación. La extensa argumentación reiteraba que es la asesoría del banco la que guía «en todo momento» a la Caja y la que plantea «la necesidad de que el consejo apruebe el acuerdo al que ha llegado Bankia, como asesora jurídica» de la entidad, con el fisco.

Los miembros del consejo, según la Fiscalía, «adoptaron la decisión que entendían era menos perjudicial», a pesar de las dudas que albergaban los integrantes del órgano rector sobre si Bankia debía hacerse cargo del lastre millonario de Navicoas. La actuación «no se hizo con el ánimo de perjudicar a Caja Segovia, sino de evitar un perjuicio mayor, a la vista del escenario planteado por Bankia», señalaba el escrito, en el cual se agregaba que «no se ha acreditado que los consejeros, el presidente o el director general se hayan enriquecido».