Los sindicatos acusan a la Junta de obstaculizar el voto de los docentes

La Federación de Educación de Comisiones Obreras, CSI-CSIF y FETE-UGT, exigen a la Consejería de Educación que cumpla con la ley de cara a la celebración de las elecciones sindicales mañana, día 30, para las que consideran que la administración autonómica ha puesto trabas.

Desde los sindicatos aseguran que la Consejería de Educación ha dictado instrucciones internas en las que no se respeta la ley orgánica de libertad sindical ni la que regula el proceso electoral en la función pública, llegando a restringir el tiempo libre para votar en estos comicios sindicales, unos permisos que podían oscilar de las dos a las seis horas. Los sindicatos piden a los educadores que acudan a las urnas tranquilos dado que les ampara la ley.

El representante de FETE-UGT en León, Javier López Iglesias, señaló que «la Consejería está conculcando los derechos que como trabajadores nos asiste en las propias leyes», ya que la orden de la Junta regula los procesos electorales, donde concede a los trabajadores permisos que, dependiendo de la localidad, puede ir de dos a tres y hasta seis horas.

UGT achaca a la Administración autonómica que «con una instrucción está incumpliendo la orden que ella misma ha dictado y que regula los procesos electorales», apuntó Javier López. Las tres organizaciones sindicales están presionando a la Consejería dado que desde la Administración «hacen oídos sordos en todo momento y el director provincial y los inspectores no saben o no contestan», apuntó López, una situación por la que «los profesores no podrían disfrutar de sus horas de votación, porque desde las direcciones dan la prioridad a que las clases de los alumnos tengan que estar atendidas».

Los tres sindicatos han tomado medidas: UGT denunció a la Consejería ante lo penal, por prevaricación y abuso de poder; Comisiones Obreras presentó recursos al Tribunal Superior de Justicia de Valladolid y a la sala de lo contencioso administrativo de Valladolid; mientras que CSI-CSIF denunció el caso ante la oficina territorial de trabajo. Además, la Federación Regional de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Castilla y León presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid una denuncia para que dirima si son constituvos de delito o falta las directrices dadas por la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Rocío Lucas Navas; y la directora provincial de Educación de Valladolid, Esperanza Vázquez Bollero.

Para CSI-CSIF todos estos procesos judiciales llevan su tiempo, por lo que su representante, Javier Apudia, solicita a los docentes que vayan a votar «algo que es en beneficio de ellos, aunque la educación prefiere que no vayan a votar para minar su base social». Apudia manifestó que «una abstención mínima redundará en los beneficios de los profesionales».