Palencia

El futuro del parque de bomberos, en manos del juez

El conflicto por la expropiación de la calle Jardines es un claro ejemplo. Se saldó finalmente con la obligación del Ayuntamiento de Palencia de pagar a la Diputación Provincial alrededor de 26,7 millones de euros, como justiprecio por la ocupación de unos terrenos, más los intereses de demora por no haberse ejecutado el convenio pertinente a su debido tiempo.

En aquel momento fue el Tribunal Supremo el que puso la última palabra en un conflicto entre el Ayuntamiento y la Diputación que había terminado judicializándose. Ahora, los palentinos asisten con preocupación a una nueva batalla entre ambas administraciones, que como ocurriera en el año 2020 también ha llegado a los tribunales, en los que este martes, 1 de abril, se ha celebrado ya la primera vista para dirimir un conflicto que afecta a la propiedad del parque de bomberos de la ciudad de Palencia.

Así, tras oír las argumentaciones de las partes, el titular del Juzgado Contencioso número 1 de Palencia ha dejado visto para sentencia la demanda planteada por la Diputación de Palencia contra el Ayuntamiento de la capital destinada a que se cumpla en su integridad un acuerdo firmado entre ambas instituciones el 6 de octubre de 1981. Este convenio establecía que la Diputación financiaría las obras de construcción de un parque de bomberos, en una parcela de propiedad del Ayuntamiento, con el fin de que las dotaciones de bomberos prestaran el servicio de extinción de incendios tanto en la ciudad como en la provincia. El Consistorio se comprometía también a constituir un derecho de superficie en favor de la Diputación sobre el inmueble construido en la parcela que aportaba el Ayuntamiento.

Desde entonces, el Consistorio y la Diputación han firmado diversos convenios de colaboración en este sentido, siempre encaminados a garantizar esa prestación del servicio de bomberos fuera de los límites de la capital. Sin embargo, el Ayuntamiento nunca ha llegado a dar el paso recogido en las cláusulas del convenio relativo a la constitución del derecho de superficie en favor de la institución provincial. Así, mientras la relación entre ambas administraciones ha sido cordial y se han renovado los convenios de bomberos, nadie ha dado importancia a este aspecto. Pero en el momento en el que el Consistorio, allá por el año 2021, decidió no suscribir más convenios con la Diputación, argumentando que solo puede financiar un servicio de bomberos dimensionado a las necesidades de la capital, la institución provincial abrió la caja de los truenos y puso sobre la mesa ese olvido de años de las condiciones del convenio que se firmó en 1981.

Antes de llegar a los tribunales, la Diputación planteó nuevas líneas de acuerdo con el Ayuntamiento, basadas en una prestación económica para financiar la prestación del servicio de bomberos en la zona sur de la provincia. Sin embargo, el Consistorio ha desoído estas ofertas y ha argumentado que la ley obliga a la Diputación a asumir directamente las competencias del servicio de bomberos en el medio rural.

Y a falta de entendimiento, bueno es un pleito, que llegó en junio del pasado año, con una demanda de la Diputación para exigir al Ayuntamiento que ejecute los acuerdos del año 1981 y constituya el derecho de superficie en favor de la institución provincial sobre el terreno municipal en el que se construyó el parque de bomberos, que en la práctica supone el reconocimiento para la Diputación de la propiedad del inmueble. El acuerdo firmado hace más de cuarenta años establecía que el Ayuntamiento facilitaba una parcela en el polígono industrial de la capital, mientras que la Diputación aportaba los 55 millones de pesetas que eran necesarios para la construcción. De esta forma se crearía un parque de bomberos profesional para la ciudad, que también tendría un carácter comarcal, prestando servicio a la zona sur de la provincia (un entorno de unos 50 kilómetros aproximadamente), para lo que la Diputación tendría también que aportar recursos económicos mediante la firma de convenios de colaboración. La Diputación argumenta además que tiene recogido en su inventario patrimonial desde el año 1981 ese derecho de superficie sobre el inmueble del parque de bomberos, tal y como se recogía en el convenio

En la vista celebrada este martes en el Juzgado Contencioso, la letrada del a Diputación ha reiterado la demanda y reclamado que se condene al Ayuntamiento a cumplir el convenio, que calificó como un «acto firme, válido, consentido y eficaz», reconocido por ambas partes. En este sentido, pidió al juez que se obligue al Consistorio a constituir ese derecho de superficie en favor de la Diputación. Asimismo, recordó la obligación legal que tiene la institución provincial de exigir el cumplimiento del acuerdo y la imposibilidad de renunciar a la ejecución de este acto.

Mientras, el abogado del Ayuntamiento planteó de inicio dos causas de inadmisibilidad de la demanda. Una, por falta de legitimación para la imposición de la demanda, al entender que fue formulada por un órgano incompetente, y otra por la ausencia, a su juicio, de un informe jurídico. Por su parte, la abogada de la Diputación rechazó ambos argumentos, aseguró que el órgano que interpuso la demanda estaba legitimado y que el informe sí constaba en el expediente. El juez indicó que para no dilatar más el procedimiento contestará a estas cuestiones en el momento de dictar su sentencia.

Tras plantear las cuestiones de inadmisibilidad, el abogado del Consistorio entró de lleno en materia, argumentando que el Ayuntamiento no se ha negado en ningún momento a cumplir las estipulaciones del convenio, sino que existe una imposibilidad legal para hacerlo. El letrado municipal explicó que sobre todo bien de dominio público concurre la condición de inalienabilidad, con lo que «no resulta legalmente la constitución de un derecho de superficie sobre un bien de dominio público». Indicó que desde este punto de vista el convenio no se ajusta a derecho, pero que aun así, el Ayuntamiento se dirigió a un notario para formalizar una escritura pública y su posterior registro de propiedad, pero dejó claro que ningún notario accedería elevar la escritura y ningún registrador asentaría este bien al tratarse de un acto «ilegal».

La abogada de la Diputación, por su parte, recordó que es la primera vez que el Ayuntamiento expone este argumento de la inalienabilidad, y señaló también que no existe tal impedimento para la constitución del derecho de superficie. Mientras el abogado del Ayuntamiento recalcó que sí hay causa impeditiva, puesto que la formalización del convenio ya no depende estrictamente del propio Consistorio, sino de terceros (en referencia a notarios y registradores de la propiedad), «que no lo van a hacer por ser ilegal».