La Cámara de la Propiedad Urbana de Palencia activa una oficina 'antiokupas'
La entidad quiere poner el foco «en la falta de claridad en la política legislativa para encontrar un equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda»
Adrián García González
Palencia
Lunes, 26 de junio 2023, 14:17
La ocupación se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes de la sociedad española, que pone en jaque tanto a propietarios como a ... administraciones. La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva iniciativa con la que tratar de generar de nuevo confianza entre la sociedad y frenar este problema. Lo hace con la puesta en marcha de oficinas de información antiocupación en las nueve provincias de Castilla y León tras firmar un convenio de colaboración con las cámaras de la Propiedad Urbana. La función principal de estas nuevas oficinas es informar y orientar de forma especializada en esta materia en puntos como la prevención, recomendaciones en cuanto a cómo actuar de forma inmediata y los pasos posteriores en casos de ocupación ilegales.
La oficina de Palencia activó el funcionamiento el pasado 19 de mayo en la Cámara de la Propiedad Urbana de la capital y la derivación de las llamadas del servicio 012 a todas las cámaras, aportando su granito de arena para tratar de solventar esta problemática creciente en España.
En medio de la creciente preocupación por la ocupación ilegal de viviendas, tanto las autoridades como los propietarios están buscando soluciones para hacer frente a esta problemática. La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, María Pardo, afirma que «buscamos asistir a las personas que se ven afectadas por una situación irregular como la ocupación de una vivienda que puede ser constitutiva de delito. Apoyar a esas personas a que puedan prevenir la realización de estas actuaciones, asesoramiento si se ven afectadas y el posterior asesoramiento poniendo todo en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado».
La importancia de abordar la vulnerabilidad a través de las administraciones correspondientes fue otro de los puntos más remarcados, señalando que «no estamos de acuerdo con una legislación que se nos ha impuesto a las comunidades autónomas, entendiendo que la vulnerabilidad debe ser tratada por las administraciones» apunta.
«Entendemos que el equilibrio entre la vulnerabilidad y el derecho de propiedad no puede estar en estos momentos esa balanza completamente descompensada y que tengan que ser los propietarios a los que tampoco se indemniza, los que tengan que soportar la carga de la vulnerabilidad», señala María Pardo.
El impacto negativo de la ocupación ilegal respecto al mercado de viviendas es otro de los puntos a solventar, con Ángel Merino, presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León destaca remarcando la necesidad de conseguir tranquilizar a los propietarios. «Como los propietarios no tengan la tranquilidad y la garantía de que pueden poner en el mercado viviendas que en muchas ocasiones son fruto de los ahorros de pequeños propietarios, el mercado se va a contraer y vamos a tener dificultades. Tenemos un representante en la UIPI, que es la Unión Internacional de Propietarios en Europa formada por 28 países y somos los únicos en toda Europa que está sufriendo esta problemática. En el resto de países en 24 horas, los echan del inmueble y aquí estamos en un simpás por circunstancias», destaca Ángel Merino.
Por su parte, Miguel Hermosa, asesor jurídico de la Cámara de la Propiedad Urbana de la capital, acusa la falta de claridad en la política legislativa y el colapso en la Administración de Justicia como factores que dificultan la resolución rápida de estos conflictos. «Existen casos muy aislados en Palencia. Queremos poner sobre la mesa la falta de claridad en la política legislativa en la que tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, la situación de absoluto colapso que tiene la Administración de Justicia tras cuatro meses de huelgas. Y la gente, cuando tiene un conflicto, busca una solución rápida», agrega.
Respecto al edificio de viviendas de Plaza España, no se vislumbra una decisión a corto plazo, aportando que «es un procedimiento que se estaba conociendo en los tribunales por un desahucio y habrá que esperar a la resolución del contrato en este caso y a las medidas ejecutivas en el acto civil que estén. Nosotros aquí lo que hacemos es orientar», sentencia Miguel Hermosa.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión