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El grueso del acuerdo para la pagar la sentencia de la calle Jardines ya se ha cerrado, aunque aún quedan muchos flecos por peinar. El ... primero, el más importante, es que los plenos de las dos corporaciones, el Ayuntamiento y la Diputación de Palencia, den su visto bueno a la propuesta que ha sido pactada por los equipos de gobierno, con la supervisión de los técnicos y de los servicios jurídicos de ambas instituciones.
En el caso de la Diputación, la aprobación es segura, dado que el PP cuenta con mayoría absoluta. El problema se sitúa en el lado del Ayuntamiento, dado que el equipo de gobierno, del PP y Ciudadanos, está necesitado de un voto para alcanzar la mayoría absoluta o de, al menos, una abstención, que puede llegar de manos del Grupo Socialista, el mayoritario en el Consistorio, aunque ya han manifestado que vincularán su apoyo a la ejecución de algunas inversiones.
Mientras tanto, en el equipo de gobierno municipal, confiados en que saldrá adelante el acuerdo, intentan recomponer sus cuentas, que este año van a quedar completamente desbaratadas al tener que incorporar una solicitud de crédito al Estado por 26,8 millones de euros, que es la cantidad que debe pagar el Ayuntamiento a la Diputación por la sentencia que obliga al cumplimiento del convenio de la calle Jardines.
Se trata de un préstamo que se eleva hasta un tercio del presupuesto anual del Ayuntamiento, y aunque incluya condiciones favorables de devolución, como un plazo de diez años y la inexistencia de intereses, el Consistorio no va a poder mantener el objetivo de los últimos años de finalizar el año en una situación de ahorro neto positivo.
Sin embargo, el concejal de Hacienda, Luis Miguel Cárcel, se mostraba ayer tranquilo, al entender que la situación puede revertirse en un plazo de dos o tres años, si se mantiene la ruta fijada en el acuerdo con la Diputación, dado que establece el retorno al Consistorio de algo más de nueve millones de euros, cuantía a la que ascienden los intereses de demora por la tardanza en el cumplimiento del convenio, que se firmó en el año 2010.
La portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Ordóñez, compareció ayer en las dependencias municipales, para anunciar públicamente el voto en contra de su formación al acuerdo negociado por los equipos de gobierno de la Diputación y el Consistorio para el cumplimiento de la sentencia relativa al convenio de la calle Jardines.
Ordóñez, que se mostró muy crítica con la actitud de la Diputación durante las negociaciones, señaló que el acuerdo «llega tarde, sin ningún tipo de concesión por parte de la Diputación y fruto de la mala voluntad de esta institución». La edil izquierdista criticó también que el acuerdo se ha alcanzado con «oscurantismo y secretismo» y recalcó que el voto en contra se justifica como rechazo al equipo de gobierno por una «gestión nefasta, a su inmovilismo, a no hacer nada por la ciudad y además no confiamos en la voluntad de la presidenta de la Diputación que demandó al Ayuntamiento y precipitó los acontecimientos», recalca Ganemos, quien cree además que se sobrevalora el terreno que pasará al Ayuntamiento y que el Plan del Suelo resultará ineficaz.
En el acuerdo, que, como se ha dicho, sigue pendiente de la ratificación de los plenos de ambas corporaciones, se fija que la Diputación creará con esos 26,8 millones que va a recibir un Plan Provincial del Suelo, abierto a todos los municipios de la provincia, entre los que figurará la capital, que tendrá derecho a percibir esa cantidad de nueve millones y pico correspondientes a los intereses.
No se conocen aún los detalles de este nuevo plan, pero quiere estar vinculado las actividades que los ayuntamientos tienen legalmente atribuidas con la gestión de los patrimonios municipales del suelo. Esto quiere decir que básicamente podrán destinar los fondos que les correspondan a proyectos que se limiten a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles y a la amortización de deuda, que son las posibilidades que están permitidas actualmente por la normativa.
Así, el Ayuntamiento quiere que esos nueve millones, o al menos su mayor parte, se destinen a la amortización de deuda, y se marca también como objetivo reducir aún más el endeudamiento con la venta de los nuevos solares que va a incorporar.
Esto se debe a que en el convenio inicial de la calle Jardines se incluía una cláusula por la que, al cumplirse todas la condiciones (lo que se va a hacer con el pago de los 26,8 millones), la Diputación cedería al Ayuntamiento unos terrenos que están entre la calle y las instalaciones deportivas de San Telmo y que ahora están baldío.
El Ayuntamiento quiere iniciar cuanto antes el desarrollo de un plan parcial para urbanizar la zona y contar con solares edificables lo antes posible, con el fin de ponerlos a la venta de inmediato.
Se trata del PERI 6 del Plan General de Ordenación Urbana y es suelo que debe destinarse a la construcción de viviendas en su mayor medida. A tratarse de terreno de carácter público, únicamente pueden levantarse casas de protección pública, pero esto no impide que puedan venderse las parcelas, como viene haciendo el Ayuntamiento de forma regular para obtener ingresos.
Estos ingresos pueden destinarse a fines vinculados directamente con el propio patrimonio municipal del suelo, como la compra de otros terrenos que resulten interesantes, la ejecución de inversiones o la amortización de deuda.
El objetivo del Consistorio es que los ingresos vayan precisamente a esta amortización de deuda tan necesaria tras verse obligado a pedir un nuevo préstamo de 26,8 millones. La valoración inicial que se hace de este suelo se sitúa entre los 7 y los 9 millones de euros, con lo que si el Ayuntamiento logra amortizar nueve millones procedentes de la Diputación y otros tantos de la venta del suelo, la capacidad financiera del Consistorio se recuperaría y volvería a sus niveles habituales.
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