Corruptos y cómplices

Viles comportamientos son relatados en hojas selladas con el haz de lictores y el hacha, símbolos del poder del Estado para imponer su autoridad a los facinerosos, herramientas para mantener el orden y proteger a la gente de organizaciones criminales como la que se describe. Subrayo este carácter organizado de la trama porque parece existir mucho interés en desviar la atención hacia sus costumbres depravadas, sucias anécdotas sexuales, cuando lo importante es que contaminaron al Gobierno, empresas públicas incluidas, nombrando cómplices y conniventes que facilitaron su enriquecimiento.

He aquí el punto clave del entramado, desde mi punto de vista. No son tres compinches aislados. Actuaban desde una posición de poder total sobre la estructura del Partido Socialista Obrero Español, así que decidían quién mandaría y quién sería apartado de los lugares de decisión que les interesaban. Aquellas personas que no les gustaban – porque dificultaban sus planes- eran eliminadas sin contemplaciones (alguna declaración reciente de sus víctimas así lo señala). Como recambio se situaban perfiles amigables para los conniventes.

Cuando se nombra a alguien que delinque, ese proceder afecta al decisor del nombramiento, pero ahora no me parece solo grave la responsabilidad in eligendo (se elige a alguien inapropiado para un puesto, sin conocimiento suficiente de sus defectos). Aquí sucede algo peor, porque el propósito del modus operandi era ocupar con sus acólitos o sumisos dispuestos a colaborar las instancias desde donde se adjudicaban golosos contratos de obras (carreteras, por ejemplo), sin olvidar tampoco las empresas públicas para colocar a las amigas íntimas y abusar de los fondos menos controlados de su presupuesto. Cualquier experto conocedor de la Administración española sabe que puede haber mucho más que lo reflejado en el informe. Seguro se identificarán otros autores de tipos penales muy graves en cuanto se investigue más.

De momento, el concienzudo trabajo de la Guardia Civil debe ser agradecido por cada persona consciente de la necesidad de profesionales competentes, honrados, decididos a llegar hasta el final en su misión, seguro que escandalizados (aunque curados de espantos) ante la desfachatez de cargos públicos que cobran mucho más que ellos. Viene a la mente un texto admirable de Lorenzo Siva, Elogio del Cabo, sobre la labor de los agentes de la benemérita para identificar los delitos del Procés en Cataluña. Todavía hay funcionarios ejemplares en España, personas que hacen su trabajo sin dejarse contaminar por gentuza como la mentada en el informe.

Vistos sus implacables resultados, convendría enviar a estos investigadores a otros lugares en los que Ábalos colocó a sus peones: Enusa por ejemplo, también Adif o Aena, entes instrumentales del sector público sujetos a menos controles que los propios de las direcciones generales del Ministerio. Una investigación a fondo de la gestión realizada por personas vinculadas a Ábalos resulta imprescindible, en mi opinión, dadas las circunstancias.

En fin, también mucha esperanza cabe albergar en la labor de jueces y juezas: imparciales, independientes, instruidos, serenos, sensatos, decididos a aplicar la Ley sin alharacas ni estrépitos. Los tribunales decidirán quién delinquió y quién encubrió, quién fue cooperador necesario y quién miró para otro lado vulnerando sus deberes posicionales. Antes o después, todos tendremos la ocasión de participar en otro proceso derivado de esta situación, el de las elecciones democráticas que reclaman incluso socialistas intachables, grotescamente despreciados por quien debería hacerse a un lado.