Amnistía y Constitución

Tautológica forma de razonar, carente del realista sentido común. Cualquiera de los criterios de interpretación (la hermenéutica) conduce al resultado contrario: los antecedentes históricos, la voluntad de los constituyentes o el sentido y la finalidad del texto de 1978. No hace falta que un precepto diga: «Las amnistías están prohibidas». Si no son legítimas es porque vulneran el principio de sujeción a la ley y al resto del Ordenamiento jurídico. Amnistiar es hacer borrón y cuenta nueva sobre la comisión de delitos graves, poner en cuestión el respeto de las normas de convivencia y abrir por tanto una puerta a las tentaciones más peligrosas para el Estado de Derecho.

En Europa lo saben; por eso destacaban la paradoja del perdón que se conceden los culpables a sí mismos, un evidente conflicto de interés, ya que los motivos de la ley no son los esgrimidos en la Exposición de motivos, sino el afán de sus impulsores para mantenerse en el poder, beneficiándose de su propia componenda. Los que se absuelven son hoy unos, pero mañana podrían ser otros que se aprovechen de esta Sentencia, un pronunciamiento que puede considerarse el peor de todos en la historia del intérprete de la Norma fundamental.

Quizás radica en esta posibilidad el resultado pretendido, al menos en parte. Se avecinan momentos difíciles, con tantos procesos en marcha, así que ampliar el reconocimiento de constitucionalidad conforta a presentes y futuros delincuentes o aspirantes a delinquir. El mensaje parece ser: «rompamos el orden constitucional, sus principios más básicos, que no pasa nada, ya nos perdonaremos si tenemos votos suficientes en el Congreso o los necesitamos para componer una mayoría de ocasión». Esto podría suceder porque la Constitución no lo prohíbe, claro.

Tampoco está escrito en ningún artículo que los diputados no puedan concederse inmunidad total, ser inviolables, pero si a alguien se le ocurriera tal disparate, se invocarían principios básicos para descartarlo, por las consecuencias terribles que produciría sobre la rendición de cuentas propia de toda Democracia. Al convalidar la amnistía, España se desliza por una pendiente similar a la de otros países en los que los gobernantes quieren librarse del control de los jueces, de las posibles condenas, de su sujeción a la legalidad y las consecuencias del incumplimiento. Si los políticos se pueden perdonar a sí mismos, como sugería hace tiempo Trump, ¿dónde quedaría el principio de responsabilidad?

Pueden estar seguros de que los ideales no se disuelven tan fácilmente. No sale gratis quebrantar la coherencia de un sistema jurídico. Habrá reacciones. Aún quedan jueces en Madrid que impedirán con sus correctas interpretaciones los efectos más dañinos de la Sentencia de junio de 2025. Pongan ustedes el calendario a contar y tachen los días que pasa Puigdemont en su particular Waterloo, sin regresar a España. Cuenten los meses y años que lleva conspirando como lo que es, un traidor irresponsable (y engañado por otros de su calaña).

Cualquier papel, aun con la firma de señoras y señores bien retribuidos por el presupuesto público, no deja de ser un conjunto de párrafos más o menos convincentes. España es mucho más, Cataluña merece gobiernos sin indeseables. El Estado integra un conjunto de instituciones ordenadas conforme reglas básicas para garantizar la convivencia. La primera de ellas, la Constitución.

Cientos de miles de personas juramos o prometemos guardarla y hacerla guardar: los guardias civiles de la UCO, así lo afirmaron al entrar en el cuerpo; también cada fiscal, el más joven oficial de la Administración de Justicia y hasta el presidente del Gobierno, olvidadizo al parecer en este punto. Tanta gente, convencida de que lo justo es dar a cada uno lo suyo, es difícil de vencer de una vez. Ya lo verán.