Presupuestos para 2023

Empecemos por los ingresos, y baste decir que la previsión de recaudación es de casi un 8% más en este próximo ejercicio, en el capítulo de los impuestos; incremento desconocido por estos lares. La causa es bien obvia: si la inflación hace que los precios suban, aplicar el mismo tipo de gravamen que se venía aplicando, pero ahora en cantidades más elevadas, necesariamente producirá más ingresos. Hagan la prueba con el IVA, y verán el resultado de aplicar el 21%, o el 14%, o el 4%, a productos cuyo precio era 100 y ahora es 108; y elévenlo a las magnitudes en que se recauda ese impuesto sobre el consumo en un determinado territorio. Luego se pueden adoptar medidas complementarias de reducción del impuesto para determinados productos, como está previsto hacer, por ejemplo, para los de higiene femenina, pero, aun así, el aumento global, hasta alcanzar más de 260.000 millones de euros de ingresos tributarios, es verdaderamente histórico, como lo es el incremento de la recaudación prevista el próximo año en unos 18.000 millones de euros. Van también ahí los ingresos adicionales procedentes de esos nuevos impuestos a entidades financieras y eléctricas, del gravamen a grandes fortunas, del recargo a rentas de capital, o del aumento del impuesto de sociedades en ciertos casos. Y añádanse los fondos europeos del Plan de Recuperación aprobado durante la pandemia, en la anualidad correspondiente a 2023, que es de más de 28.000 millones, aunque estaba ya constatado que este año 2022 el uso efectivo de la cantidad asignada no llegará a la mitad.

Así que, con esta holgura en la recaudación, era perfectamente previsible, como decía al principio, que también el gasto se moviera en cifras de récord, especialmente en esa categoría, tan difusa como concepto, que ha dado en llamarse 'gasto social'. En efecto, y conforme a lo anunciado, seis de cada diez euros tendrán ese destino, hasta un total cercano a los 270.000 millones en este capítulo. Entran ahí la sanidad y la educación, con incrementos similares, superiores al 6%; entra la dependencia, con un incremento del 150%; y, en sentido más amplio, el apoyo a la ciencia y la tecnología, a la digitalización, a la lucha contra la despoblación, etc.

No menos importante se prevé el aumento en la inversión, con una cantidad que supera los 46.000 millones de euros, de los que más de 14.500 corresponden a infraestructuras, con especial atención al ferrocarril, al que se asigna aproximadamente el doble que a las carreteras. Siempre llamativa es la distribución territorial del gasto, y de la inversión en particular, aunque se trate de una forma de valorar el presupuesto más bien efectista y, en general, sesgada por el análisis comparativo que se trata de obtener con fines políticos, sin tener en cuenta, por ejemplo, que mucha obra pública se imputa al lugar donde debe ser ejecutado un tramo que luego forma parte de una infraestructura de alcance más amplio, incluso nacional. En todo caso, no se podrá obviar que, siendo la inversión territorializada más alta que el pasado ejercicio en la gran mayoría de las Comunidades Autónomas, especialmente en Cataluña y Andalucía, solamente hay dos que retroceden; una es Murcia, con un 33% menos, y la otra es precisamente Castilla y León, con un 4,2% menos.

Pero por encima de todo ello están las tres partidas que se llevan el grueso del Presupuesto: los sueldos públicos, la carga financiera que deriva de la deuda acumulada y las pensiones. El gasto de personal, con un aumento de los sueldos públicos entre el 2,5 y el 3,5, consume más de 27.000 millones, y el gasto asociado a la deuda pública, más de 31.000 millones; las dos partidas más cuantiosas tras las pensiones. Y éstas son las que merecen comentario particular por diversos motivos.

Parto de dos circunstancias bien notorias: que legalmente las pensiones están vinculadas al IPC, tomando como referencia la inflación esperada en noviembre, para lo que se ha tomado el 8,5% como incremento esperado; que estamos en año electoral, y a nadie se le ocurrirá poner en entredicho el modelo, ni siquiera a título de razonamiento intelectual. Pero alguna vez habrá que hacer la reflexión. La partida de pensiones, de más de 190.000 millones, aumenta en cerca de 20.000 y supone en torno al 40% de todo el gasto público; consecuencias evidentes y bien polémicas son el aumento de las cotizaciones empresariales y laborales (un 8,6% en conjunto) y el aumento del crédito que el Estado concede a la Seguridad Social (unos 10.000 millones, que es un 43% superior al del año pasado), detrayéndolo de otras partidas de su propio presupuesto.

Ocurre que la vinculación legal de las pensiones a la inflación se estableció cuando esta no pasaba del 2% y nadie preveía que llegara a alcanzar el 10%. Nadie pensó en poner topes, en diseñar sistemas distributivos inversamente proporcionales a la cuantía de cada pensión, de manera que, por ejemplo, las máximas suban hasta un cierto límite, las medias hasta un límite superior y las más bajas hasta el total de la inflación. Hay países que lo han hecho así (Portugal sin ir más lejos) y lo consideran justo y razonable. Aquí ocurre que ninguna otra retribución de la población activa, joven o menos joven (¡ay, la brecha generacional!), pública o privada, alcanza un incremento similar, ni de lejos, partiendo además en muchos casos de salarios ostensiblemente más reducidos que la pensión, incluso media. Y la consecuencia es obvia: la aplicación lineal del 8,5% de subida, hace que el tramo más alto de las pensiones se lleve la mayor parte del aumento, simplemente porque el 8,5% de una pensión de 2.400 euros es bastante más el 8,5% de una pensión de 1.200; justo el doble. Si estoy en lo cierto, el 10% de las pensiones, el tramo alto, se lleva el 25% del total del aumento previsto. Conste que personalmente estoy en ese tramo, y en absoluto me parece justo ese resultado.

En fin, que queda ahora la fase aguda de la aprobación del Presupuesto. En su día se escenificó una discusión de última hora dentro de la coalición de Gobierno, que no era real, como enseguida se comprobó. Faltaría más, estar sin Presupuesto en año electoral, con un sustancial ingreso a gastar. Lo complicado será la negociación con los asociados, siempre más exigentes que los socios. Para ellos también es año electoral, y más que eso, si en Cataluña terminaran volviendo a las urnas. Y necesitarán bazas que exhibir. Veremos, pues, lo que el tira y afloja da de sí.