Nuevas reglas en la UE
EDITORIAL ·
La flexibilidad que plantea Bruselas para reducir la deuda y el déficit no eximirá a España de ajustes de cierto calado
La Comisión Europea ha propuesto una reforma de las reglas fiscales de la UE que mantiene los límites actuales –el déficit público de cada país ... no puede superar el 3% del PIB ni la deuda el 60%–, aunque viene a admitir que hoy por hoy están muy lejos de ser alcanzables. Resulta evidente. Bruselas aspira a sortear esa aparente paradoja mediante una fórmula flexible en el camino para reducir tales desequilibrios que intenta la cuadratura del círculo de contentar a los países partidarios de una férrea disciplina y a los más endeudados, como España. Así, pactará con cada socio planes individuales ajustados a su situación –que han de avalar los Veintisiete– por un periodo de cuatro años prorrogables y que orientarán sus Presupuestos, sin establecer plazos para alcanzar los objetivos finales. Además, rebaja las multas previstas por vulnerar esos topes, tan desorbitadas que nunca llegaron a aplicarse porque habrían sido letal para los afectados, pero aumenta las sanciones reputacionales, dirigidas a que los mercados presionen en favor de la ortodoxia.
La Unión debe recuperar una cierta disciplina contable para afianzar la estabilidad de su economía. Pero es insensato pretender el cumplimiento estricto e inmediato de las normas en este ámbito tras el enorme esfuerzo que han supuesto para las arcas nacionales primero la pandemia y después la guerra en Ucrania. Escarmentada por su torpe respuesta a la Gran Recesión de 2008 al cegarse con una austeridad a rajatabla, la UE suspendió las reglas fiscales para impulsar a través del gasto público una economía hundida por la covid. Esa barra libre, necesaria en una coyuntura excepcional, no solo no puede prolongarse 'sine die', sino que es ineludible devolver a niveles más manejables la deuda y el déficit, disparados en la mayoría de los países muy por encima de los límites del Pacto de Estabilidad. Una senda por la que hay que avanzar a un ritmo tan firme como permitan las circunstancias y el realismo que ha de guiar la gestión pública.
A falta de que se perfilen los detalles de la reforma, para España supondrá un alivio disponer de un margen temporal apreciable para sanear sus cuentas. Pero, dado el deterioro de estas, eso no le eximirá de ajustes de mayor o menor intensidad para cumplir sus compromisos, reforzar la solidez de su economía y no hipotecar con una insoportable carga a las nuevas generaciones. Conviene que así lo asuman los responsables políticos actuales y los venideros.
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