Memorias que exaltan y decapitan

Los historiadores profesionales no podemos seleccionar los hechos de la historia como los políticos eligen los contenidos de la memoria histórica o democrática. Sabemos que la historia tuvo esclavismo, racismo, patriarcado, feudalismo, teocracia, absolutismo, capitalismo, socialismo, colonialismo, imperialismo, belicismo, anticlericalismo, caciquismo, dictadura, represión, fascismo, nazismo y exterminio. Debemos analizar todas sus causas y consecuencias, pero no podemos ocultar su existencia. Y lo debemos hacer respetando la historia, sin destruirla con la acronía que interpreta los hechos fuera de las coordenadas temporales y con otra jerarquía de valores, sin romperla con la anacronía que no comprende la secuencia temporal lógica, y sin perderla como maestra de la vida con la ucronía que busca en ella una utopía que no sucedió.

Porque todo espacio habitado está impregnado de alguna memoria social con la que el poder evoca héroes destacados, hechos que cree relevantes, valores propios o instituciones que desea mantener. Se refleja en nombres de territorios y calles, estatuas en plazas y jardines, fiestas vecinales, personajes y méritos propios en crónicas locales y en historias nacionales. Suelen priorizar financiación pública para programas docentes e investigadores, congresos, exposiciones y publicaciones que más le favorecen. Pero estas acciones no son propiamente historia, son una legítima gestión política de la memoria colectiva para construir relatos legitimadores y, en países con experiencias traumáticas, restaurar derechos humanos conculcados.

En España los poderes construyeron siempre memorias sociales. Las pinturas rupestres exaltaron ciertas cazas, ritos y reglas, las culturas celtas y vacceas crearon sus símbolos y mitos propios, lo hicieron también fenicios y romanos. El poder medieval creó banderas de reconquista con don Pelayo y los iconos de Santiago y el Pilar perpetuados en conflictos posteriores. Los Reyes Católicos se llamaron así por unir la dinastía, expulsar a árabes y judíos y evangelizar a América. El universal Imperio cristiano de los Austrias creyó suya la herencia del siglo de oro de escritores católicos. El renacimiento trató de iluminar la oscuridad medieval. La contrarreforma barroca y su ortodoxia religiosa creyeron que España era la luz de Occidente. El racionalismo se identificó superior a las ruinas barrocas. En el XIX proclamaron sus victorias liberales sobre absolutistas/carlistas, anticlericales contra clérigos, nacionalistas radicales frente al centralismo español, marxistas sobre la burguesía, anarquistas contra el poder y conservadores resistiendo con la monarquía y la religión.

Al final las dos Españas sangraron en la guerra fratricida y quebraron dramáticamente la memoria social. Los vencedores volvieron al imperio de destino universal y la dictadura reprimió y asesinó a separatistas, masones y comunistas. La hagiografía eclesiástica lo alimentó cantando a sus santos nacionales. Miles de libros sobre la guerra civil se contrapusieron exaltando dos memorias enfrentadas. Franco impuso en la escuela una historia nacional que demonizó a los vencidos.

A la Transición le interesó exaltar la monarquía con exposiciones y publicaciones de Isabel la Católica, Carlos V, Felipe II, Carlos III e Isabel II. Desde 1992 celebró pomposos centenarios de descubrimientos, mientras en América se gestaba la historia étnica antiespañola. Las memorias autonómicas potenciaron las lenguas propias sobre la española y elaboraron 17 historias alternas. Últimamente los populismos han calificado el régimen de la Transición como elitista.

Sucede siempre que las memorias políticas tienen un haz y un envés, una cara y una cruz. Así sucedió tras la Guerra Civil, cuando se exaltó el haz de la memoria de los vencedores y se oscureció el envés del olvido de los vencidos. Hoy tratamos de invertir esta relación, recuperando la memoria de los perdedores y restaurando los derechos, valores y dignidad de las víctimas de la dictadura.

Últimamente han irrumpido en el escenario los movimientos radicales al reaccionar con violencia, proscribir historias, derribar monumentos y estatuas de enemigos políticos o sociales. Pero sustituir diez negritos por diez indianitos y descabezar a Nerón, Constantino, Abderramán III, Colón, Fray Junípero Serra, Cervantes, Jefferson, Colbert, Lenin, Churchill o Franco es la peor solución. Porque de la historia no podemos excluir a nuestros adversarios, así nunca aprenderíamos a superar sus defectos y a resolver los problemas que plantearon.

El debate del anteproyecto de ley de memoria democrática nos invita a reflexionar sobre ella. Es una memoria política, gestionada por el poder y cultivada por movimientos sociales, voluntarios y partidos políticos. Cambia según la ideología de mayorías parlamentarias, sigue las corrientes culturales dominantes y florece en momentos de cambio y crisis. Son leyes que resultan más debatidas y tensas en países que han experimentado traumas bélicos, experiencias autoritarias o graves ataques a los derechos humanos. En España era imprescindible devolver la dignidad a los asesinados escondidos en fosas y cunetas.

Fue la sombra de la Guerra Civil y la dictadura la que inclinó a Zapatero a promulgar en 2007 la ley de memoria histórica, que solo daba consejos. Ahora se proyecta una ley de memoria democrática más coercitiva, prevé multas y delitos, prohíbe fundaciones, anula sentencias y juicios franquistas contra separatistas, crea un banco de datos de ADN y resignifica el Valle de los Caídos como lugar de memoria. Además de inscribirse en la estrategia política de cumplir pactos de investidura, cohesionar la coalición de gobierno y facilitar el acuerdo presupuestario con nacionalistas, trae la buena notica de que el poder ejecutivo cumplirá con su deber de restaurar la dignidad y los derechos de las víctimas de la dictadura.