Una medida incoherente que daña la progresividad

Pero lo cierto es que en torno a este impuesto se ha debatido largo y tendido a lo largo y ancho de España, y a veces no se ha contado con la información de quienes serán los beneficiarios y los paganos de estas bonificaciones.

Más allá de que los herederos de menos de 21 años no son numerosos, al fijarse en el grupo II de parentesco (cónyuge, ascendientes y descendientes mayores de 21 años), la casi supresión del ISD en Castilla y León beneficiará al 0,9% de los contribuyentes de este impuesto, que adquirirán porciones hereditarias de más de 400.000 euros –la vigente reducción–, mientras que los principales perjudicados serían los 174.000 trabajadores, autónomos y pensionistas de la región que anualmente ingresan entre 12.000 y 60.000 euros anuales, quienes se verán obligados a compensar la pérdida de la recaudación.

Y es que la vigente reducción de 400.000 euros en las herencias ya había lesionado gravemente la extraordinaria progresividad de la ley estatal para el grupo II de parentesco, puesto que el 82% de estos declarantes heredaron menos de 64.000 euros, y otro 17% heredaron entre 64.000 y 400.000 euros. Tributaba sólo el 0,9% de los herederos de este grupo.

Además, la extensión de la bonificación del 99% a las donaciones va a impulsarlas para planificar las grandes herencias, por lo que el coste fiscal previsiblemente se duplicará, tal y como ha ocurrido en otras comunidades.

Por otra parte, es una medida que puede resultar contradictoria, sobre todo si para lograr el equilibrio presupuestario se decide entre reducir los gastos públicos o incrementar la escala autonómica del IRPF, la escala del Impuesto sobre el Patrimonio o del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que pagan todos los propietarios de inmuebles, cualquiera que sea su renta. Una compensación que, a fin de cuentas, significaría aceptar que buena parte de las ventajas fiscales de los herederos de las grandes fortunas las terminen pagando las personas de clase media.

Y es una medida incoherente, cuando el Gobierno regional viene reclamando un cambio de modelo de la financiación autonómica para poder financiar adecuadamente los servicios públicos, algo que seguramente podrá reprochar la Ministra de Hacienda cuando se logre formar el Gobierno de España y se inicie esa negociación.

Existe un consenso general en torno a que el impuesto de Sucesiones constituye una herramienta fundamental para combatir la desigualdad, que en España es mayor que en el resto de los países desarrollados, como demuestra, por ejemplo, el aumento del número de millonarios. La Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica –entre ellos el experto designado por el Gobierno de Castilla y León– no ve razones para derogar el ISD con carácter general o para permitir su supresión en la práctica en ciertas comunidades y sí para introducir unos niveles mínimos de tributación que impidan que una posible espiral de competencia a la baja termine con la práctica desaparición del tributo, al menos en las transmisiones de riqueza entre familiares directos. De igual modo, el impuesto existe en la mayoría de los países más avanzados de nuestro entorno.

De ahí que su eliminación merma la igualdad, que es uno de los pilares de la democracia y lastra las cuentas regionales; en tanto se preserva una acumulación de la riqueza que se transmite entre las élites basándose en la herencia, y no en el mérito.

Alternativamente, los técnicos de Hacienda venimos proponiendo avanzar hacia una cierta armonización entre comunidades mediante el establecimiento de unos mínimos que actúen como límites de las bonificaciones autonómicas, lo que permitiría reducir las actuales diferencias entre algunas regiones y evitar la competencia fiscal a la baja entre territorios. De forma paralela, también convendría establecer más posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento en el pago del impuesto en aras de flexibilizar las actuales rigideces que se dan en algunas situaciones, en las que determinadas herencias no facilitan la liquidez necesaria para hacer frente al impuesto en los plazos legales, para que los ciudadanos no consideren injusto este impuesto.

Tampoco es que se esté produciendo una fuga de contribuyentes hacia las regiones en las que menos se tributa, pero esa homogeneización aumentaría la eficiencia y equidad del sistema fiscal español en su conjunto.