La Junta corrige su plan «provida»

Como ya se explicara en un editorial como este el pasado sábado, lo presentado por la Junta de Castilla y León dos días antes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno era un más que discutible paquete de medidas antiabortistas alineadas con la agenda «provida» –según detalló el vicepresidente Juan García-Gallardo– de los postulados de Vox, socio en el Ejecutivo autonómico del Partido Popular. Es evidente que una administración no puede introducir nuevos pasos obligatorios en la prescripción de los facultativos sanitarios, como la escucha del latido fetal, ni obligar por tanto a las mujeres embarazadas a responder a esa posibilidad y explicitar si desean o no disponer de dicha información, que es incorporada al trámite con una clara intención ideológica y condicionante de su elección individual. Son otros los contextos en los que cabe defender este tipo de propuestas, que necesitan un encaje legal en la normativa vigente, actualmente muy escrupulosa –en toda lógica– con la autonomía y libertad de la mujer para decidir sobre su gestación dentro de los supuestos contemplados por la ley.

«Somos siervos de la ley con el fin de poder ser libres», dijo Cicerón. A la luz de dicha máxima es como hay que analizar el choque vivido estos días entre las dos formaciones que dirigen la Junta de Castilla y León, pues la posibilidad de interrumpir un embarazo es algo que regula una norma estatal en España. Cuando Vox se pregunta «¿por qué asusta tanto que las madres tengan la posibilidad de escuchar el latido de su hijo?» es como cuando los independentistas planteaban en 2017 qué mal había en consultar a los catalanes sobre su futuro en un referéndum. Toda ley que garantiza derechos debe proteger que se ejerzan sin posibles coacciones, como reconocía ayer que hubiese podido suceder en este caso el presidente Mañueco, quien en una intervención de cinco minutos dinamitó todo el plan del jueves llevándolo al terreno puramente sanitario en forma de nuevas opciones en la cartera de servicios.

Conviene recordar que las preguntas, más en este sensible terreno tan personal, no son solo preguntas, son mucho más que eso. Se necesitarían muchas hojas para enumerar el sinfín de ejemplos en materias como la eutanasia, la pena de muerte, el derecho a portar armas, la participación en una guerra, la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta o la misma fiesta de los toros, que situarían al lector ante lo que realmente había puesto sobre la mesa la Junta. ¿Cómo se valoraría que una persona que asistiese a un espectáculo taurino tuviese que responder, antes de ocupar su localidad, si desea ver un vídeo que explique los efectos mortales de una estocada con una espada de más de 80 centímetros que atraviesa los pulmones tras clavarse en la cruz del morlaco? Sería ridículo tratar así a un ciudadano que accede a presenciar un festejo perfectamente legal.

Moncloa sobreactuó con un requerimiento por lo que consideró medidas que «merman los derechos fundamentales» de las mujeres embarazadas. Pero la Junta, como se encargó de refrendar su vicepresidente este lunes por la mañana –aunque luego le desautorizara Fernández Mañueco– había desplegado toda su potencia de comunicación, incluida rueda de prensa y comunicado oficial, para promocionar dichas medidas. Al final han quedado en papel mojado y podría decirse que, salvo nuevos sobresaltos, el presidente ha cerrado un capítulo de desconcierto e incoherencias poco edificante y nada claro para la ciudadanía. Al margen de otras lecturas políticas, a partir de ahora y en buena lógica, los miembros del gobierno regional necesitarán esforzarse un poco más para resultar creíbles, pues no se puede dar marcha atrás a anuncios de esta naturaleza desde instancias públicas ni tan rápida ni tan alegremente.

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