¿Una tensa espera?

La verdad es que tampoco se percibe en el ambiente, más allá del círculo de los afectados, entendidos o especialmente interesados, una excesiva inquietud; tampoco un estado aparente de incertidumbre. Tal vez porque ya nos hemos ido acostumbrando a este escenario, asiduamente repetido en el reciente pasado; tal vez porque existe la convicción tácita de que la solución vendrá al final, cuando el fin de plazo esté más próximo, que es lo que hace que las decisiones esperadas se conviertan en emocionantes. No tardaremos en verlo; pero, de momento, así estamos. Varias veces he recordado estos días un episodio ajeno que me llamó mucho la atención; quizá recuerden que, hace unos años, en Bélgica, estuvieron sin gobierno meses y meses, más de un año, o de dos. Se hicieron numerosos estudios de opinión sobre cómo percibía la ciudadanía tal situación y el resultado fue que una amplia mayoría, indistintamente flamencos y valones, de izquierda y de derecha, manifestaban no haber estado nunca tan tranquilos ni tan felices. Así que mejor no darle pistas al CIS por si acaso.

Lo cierto es que la claridad sobre lo que esté pasando realmente en las negociaciones previas a la posible investidura es más bien escasa, dicho sea esto con generoso optimismo. Hasta ahora, sabemos que está avanzado un primer paso, que es la firma del acuerdo del PSOE y Sumar, si bien a tal acuerdo se le concede un relativo valor definitorio, sin duda por el hecho de que se le daba absolutamente por descontado a priori; más aún, lo que se esperaba es que fuera anunciado y presentado en el momento que se considerase más oportuno para tener la mayor incidencia posible sobre las otras negociaciones, que son las dificultosas, metiendo algo de presión. Y está por ver si se producirá esto, o si hará subir las apuestas de los destinatarios de la presión, que podrán entender que son cada vez más imprescindibles. No convendría, en todo caso, desmerecer el acuerdo alcanzado, que tiene compromisos y contenidos interesantes, algunos necesitados de una implementación legislativa, todavía incierta, para ser reales, otros de diálogo social y de acuerdos de aplicación, para ser efectivos, y otros, en fin, de análisis de impacto, para ser útiles.

Más allá de este acuerdo predominan las tinieblas. Damos por hecho que la amnistía está cocinada, aunque no sepamos en qué modalidad, con qué alcance, para qué momento, en qué condiciones, o con qué límites. Suponemos, porque los indicios para pensarlo son múltiples, que está aceptada la mayor, que es el propio texto legal, y que se estarán ajustando los detalles, que estarán en la exposición de motivos, fundamental en esta ocasión, en las disposiciones adicionales y transitorias, o por ahí, teniendo en cuenta que cada palabra será examinada con varias lupas a la vez. De lo demás (reconocimientos nacionales, autodeterminación, referéndum, financiación, competencias, servicios, etc.), nada o casi nada. Es probable que sea una de esas negociaciones de todo o nada, con una peculiar técnica muy conocida en los ámbitos internacionales; se fijan, por ejemplo, 10 puntos como objetivo del acuerdo; se ha ido alcanzando acuerdo en 5, en 7, o en 9; pero no se cierra la negociación en la parte acordada, dejando lo demás sobre la mesa; si no hay acuerdo en los 10 asuntos, simplemente no hay acuerdo, como si no lo hubiera en nada. No sé si estará pasando algo de esto, que haya varios asuntos vinculados, que haya acuerdo en algunos y aún no en otros, y hasta que el acuerdo no sea completo no habrá acuerdo. Eso explicaría los indicios sobre la importancia que se estaría dando a la terminología: cómo denominar los temas centrales de otra manera, para que de la impresión de que todo será posible, dejándolo abierto y remitido, pero sin compromisos concretos y expresos en los aspectos más problemáticos o más incómodos (léase la amnistía, la consulta, el relator o la identidad nacional). En todo caso, no tardaremos en saberlo y en poder valorarlo, porque hay algo que no ha cambiado en todo este proceso, que es el nulo interés objetivo en repetir elecciones por parte de quienes negocian la investidura, sin duda el principal estímulo para alcanzar un acuerdo, que inevitablemente habrá de hacerse público y ser conocido, sin perjuicio de que pueda tener cláusulas reservadas o zonas oscuras y de que eso sea fuente continua de sospechas, fundadas o infundadas.

Lo que digo explicaría también las cautelas con que se está tratando el asunto de la amnistía, por motivos bien variados y probablemente pendientes aún de concreción, aunque todo apunta a que el acuerdo sustancial al respecto está ya alcanzado. Los rumores insisten en que los problemas no están tanto en los objetivos jurídicos de la medida, que no pueden ser otros que la eliminación del carácter delictivo de aquellos hechos tan conocidos para que no puedan ser objeto de enjuiciamiento y de condena, sino más bien en el relato que sirva de justificación para dicha medida. Y bien se entiende la dificultad del relato, de este relato y en esta ocasión. Se argumentará con la conveniencia para la convivencia (valga la cacofonía), presentando la amnistía como algo necesario a tal efecto; pero no será fácil neutralizar la evidencia de que lo verdaderamente necesario es obtener los votos imprescindibles para la investidura. Como tampoco será fácil evitar la sensación de que esta amnistía, que por su significado sería materia especialmente adecuada para un pacto de estado, si hubiera ambiente para ello, roza con algunas reglas elementales del buen gobierno: que lo mejor para que una decisión complicada resulte políticamente asumible y aceptable es que previamente sea socialmente deseable y comprensible para una amplia mayoría. Y no se si tal condición concurre, o si hay un serio riesgo de producir una quiebra social y una deslegitimación política de profundo alcance, que conduzca a una polarización todavía más radical que la que hemos venido sufriendo y que puede condicionar toda la próxima legislatura. Porque ese es también el riesgo del preocupante relato explicativo y justificativo: que, visto lo ocurrido, solo tendría sentido para reconocer que es el Estado el que perdona a los amnistiados; y puede ocurrir que sea el Estado el que aparezca pidiéndoles perdón. Servido está el debate de la legitimidad, la jurídica y la política, y pronto habrá ocasión de abordarlo.