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Las movilizaciones que están teniendo lugar en el sector agrario, tanto en España, como en otros países de la Unión Europea, invitan a una ... reflexión seria sobre los problemas que tiene planteados, que son múltiples y complejos.
Aclaremos, ante todo, que la referencia al sector agrario que a menudo utilizamos para simplificar la expresión, debe entenderse extendida a un amplio conjunto de actividades que se desarrollan preferentemente en el mundo rural y con mucha frecuencia relacionadas entre sí; la actividad agrícola, la ganadera, la forestal, etc., forman parte de ese conjunto. Y tal vez por ahí hay que empezar, por reconocer que esto que llamo el grito del campo es bastante más que eso, incluso más que una reivindicación sectorial y profesional. Es el grito de un medio rural que, arrastrado por la evolución de la modernidad y sus circunstancias (la globalización, las nuevas tecnologías, el acceso a los servicios, a la cultura, entre otras), hace presente su queja ante el medio urbano; aquel en posición secundaria frente a éste, representante de las ventajas comparativas de esa evolución. Es la conocida contraposición entre el campo y la ciudad, tantas veces usada como argumento entre gracioso y bucólico, y ahora convertida en prueba de un vivo contraste entre dos formas de vida y dos mundos, tan próximos y tan alejados la vez. De manera que la ocupación de vías de comunicación, la interrupción del tráfico, el desfile de tractores por las calles de las ciudades, las pancartas exhibidas y las consignas tienen algo, o mucho, de lamento desgarrado de un mundo al que el progreso no ha tratado bien. Veámoslo así, como punto de partida para analizar los problemas que le afectan, que son muchos, y facilitar las posibles soluciones, que no siempre serán fáciles.
En efecto, los problemas planteados, aunque estén conectados entre sí, tienen distinta naturaleza y distinta dimensión, a la vista el conjunto de las reivindicaciones que se han expresado durante las movilizaciones. Les hay más estrictamente económicos, relacionados con la rentabilidad, y con la viabilidad, del sector. Así, la relación entre los costes de producción que asumen los profesionales del sector y los precios a que consiguen colocar sus productos en el mercado es claramente desventajosa; por mucho que se haya establecido una prohibición de venta a pérdida, o se haya regulado la cadena alimentaria que conduce del productor al consumidor a través de intermediarios y distribuidores con superior poder de negociación y contratación, ese desfase entre coste y precio, en el cruce de oferta y demanda, sigue en notorio desequilibrio. Y es dudoso que tal situación vaya a solucionarse solo con voluntarismo legislativo, aunque sean necesarias normas jurídicas de control y protección. La impresión que da es que todavía hay en el sector una atomización excesiva, que limita la eficacia de una oferta conjunta, con más capacidad de exigir y de imponer condiciones. Agrupar oferta requiere de organizaciones potentes, de cooperativas de primer y segundo grado, o de otras formas de asociación, bien dotadas técnicamente para la gestión de intereses comunes. Lo que quiere decir que hay una tarea que deben cumplir las instituciones competentes, y otra que corresponde a los propios agentes del sector, las dos igualmente oportunas.
Algo similar cabría decir del problema de competencia, llámese desleal por dumping, que afecta al sector de forma importante. Es cierto que llegan a nuestros mercados productos importados de diverso origen geográfico, de fuera de la Unión Europea, producidos en muchos casos en condiciones menos exigentes, con menores costes, salarios más bajos, menores controles, etc. Son productos con precios más competitivos con los que, valga la redundancia, es difícil competir a la baja. Y aquí sí que caben actuaciones públicas de regulación de las importaciones, de adecuación de aranceles y cupos, de aproximación de requisitos, o de reciprocidad en calidad, aun sabiendo las implicaciones políticas y estratégicas que tales decisiones pueden tener con países del entorno; pero para eso está la capacidad de negociación de nivel europeo, que es la que procede utilizar.
Otra buena parte de los problemas tienen una naturaleza más relacionada con la gestión, la estructura del sector y la composición de intereses. Se ha hablado mucho estos días de flexibilizar las condiciones de compatibilidad de la agricultura con el medio ambiente, con la lucha contra el cambio climático, con los objetivos de la Agenda 2030 a los que no se puede renunciar a estas alturas. En lo que quepa esa flexibilización (el ejemplo del uso de pesticidas ha sido bien gráfico), hágase, tanto en tiempo, como en medidas; pero desde el entendimiento de que hoy la sostenibilidad ambiental es una prioridad global ineludible, y las exigencias del desarrollo sostenible no admiten fácilmente espacios exentos. En otros aspectos de la gestión, como es la simplificación burocrática de la PAC, la tramitación de las ayudas, el control de su destino, etc., todo lo que se haga es poco. Lo mismo que ocurre con aspectos sociales muy llamativos: la desigual posición de la agricultura familiar, que necesita rejuvenecimiento, atractivo y estímulos, frente a la penetración de fondos de inversión que pretenden rentabilidades de agricultura industrial, exige intervención protectora urgente.
Y, junto a todo ello, una reflexión final. Las movilizaciones de estos días han sido amplias y útiles; más allá de las inevitables incomodidades que producen, o de algunos episodios fuera de lugar, muy minoritarios y esporádicos, han sido un éxito. Sin duda que han provocado una sensibilización, consciente y favorable, en la ciudadanía. Se ha comentado mucho, a veces con alarde, que la iniciativa estuvo más en plataformas y movimientos cuasi espontáneos que en las organizaciones que representan establemente al sector. Yo expreso mi duda de que esto se convierta en un objetivo deseable a medio plazo. Para movilizar en torno a unas reivindicaciones ampliamente sentidas en un sector pueden ser muy eficaces unas plataformas mínimamente organizadas; pero al día siguiente de la movilización, que nunca es permanente, hay que hablar, negociar y acordar. Para esto hace falta una organización representativa, con experiencia y con capacidad técnica, que sepa combinar estratégicamente lo global y lo local, para obtener resultados apreciables. Baste observar la dimensión y la variedad de las partes destinatarias de la reivindicación, con las que hay que jugárselas cartas.
Ojalá, pues, de la experiencia acumulada, de antes y de ahora, salga lo mejor para un sector estratégico del que somos económicamente beneficiarios y culturalmente herederos. Por aquí, desde luego.
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