Caos frente a los incendios

En numerosos casos, los parques de bomberos más cercanos a un siniestro no pueden intervenir de manera inmediata porque la jurisdicción les obliga a esperar a que se movilice el parque asignado a la zona afectada. Esto alarga peligrosamente los tiempos de actuación y compromete la efectividad de la respuesta ante incendios y otras emergencias climáticas.

La descoordinación no se limita a la logística: cada administración utiliza sistemas de comunicación distintos, muchas veces incompatibles entre sí, lo que obliga a depender de la telefonía móvil, con riesgos evidentes de saturación y retrasos críticos. En este sentido, los intervinientes se ven obligados a esperar instrucciones del director de Extinción mientras los medios materiales y los vehículos especializados quedan paralizados, aumentando el riesgo de daños mayores y poniendo en peligro tanto a la población como a los propios bomberos.

La improvisación durante este verano ha sido otra constante. Hemos visto estrategias solidarias entre comunidades autónomas que, lejos de mejorar la situación, han resultado ser auténticos parches peligrosos. En Castilla y León, por ejemplo, se decidió cubrir todos los siniestros en Ávila y Segovia desde territorio madrileño. El resultado: retrasos significativos en la llegada de los bomberos y una mayor propagación del fuego durante los primeros minutos, cuando la intervención inmediata es crucial.

Ante la gravedad de algunos incendios y la descoordinación evidente, nos hemos visto obligados a desplazarnos y organizarnos de manera voluntaria, de motu proprio, para intentar minimizar los daños. Esta actuación demuestra tanto el compromiso de los profesionales como la urgencia de depurar responsabilidades políticas y técnicas que hasta ahora han brillado por su ausencia.

Por otra parte, y aunque sea por desgracia, está bien que la lucha contra los incendios haya pasado a formar parte de la agenda política. Sin embargo, no debe quedarse como el típico tema estrella del verano o un debate fugaz que desaparece cuando se apagan las llamas.

Ahora los partidos se lanzan a anunciar medidas, siempre bienvenidas si lo que pretenden es reforzar la protección de los ciudadanos, pero hay una que no es nueva y que, sin duda, sería la más efectiva: el desbloqueo de la Ley Marco de Coordinación de Bomberos.

Registrada por primera vez en 2018 y recogida en el programa del actual Gobierno, esta normativa permitiría mejorar de manera estructural la operatividad de los más de 20.000 profesionales que velamos por la seguridad de todos.

En paralelo y a la vista de las nefastas consecuencias de esta peligrosa descoordinación, resulta imprescindible defender la figura del bombero multidisciplinar. En regiones como Asturias, Madrid, Cataluña o Valencia las competencias forestales recaen sobre los bomberos autonómicos. Sin embargo, no todas las comunidades cuentan con servicios autonómicos de bomberos, lo que genera una dispersión enorme de figuras de gestión: cuerpos locales, consorciados, autonómicos...

Así pues, la experiencia de los últimos años ha demostrado la necesidad imperiosa de contar con bomberos verdaderamente multidisciplinares: profesionales capacitados para intervenir en cualquier tipo de emergencia, sin etiquetas ni limitaciones.

Es fundamental aglutinar servicios e ir hacia la figura de este tipo de bomberos, ya que así la coordinación empezará desde la propia agrupación de los servicios y tendrá mayores probabilidades de éxito. Solo un sistema unificado y eficaz garantizará que la seguridad de los ciudadanos no dependa de la improvisación o amenazantes parches.

En definitiva, no podemos permitir que la 'burrocracia' y la guerra política sigan condicionando la seguridad de los ciudadanos. Los bomberos exigimos medidas inmediatas, coordinación real… Y para ello resulta crucial sacar la Ley Marco del cajón para convertirla en una herramienta fundamental para la protección y seguridad de los ciudadanos.