¿Generales también en mayo?
La carta del director ·
«Pocos socialistas con autoridad política y responsabilidad institucional se han mostrado favorables a los movimientos del PSOE en beneficio de lo que en Moncloa llaman «desinflar» la tensión política en Cataluña»
El socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, estalló esta semana contra el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra para reducir en el Código Penal las penas por el delito de malversación. El político manchego se expresó especialmente serio, rotundo y visiblemente enfadado: «Me importa que nos tomen por tontos. Este es un momento grave para la política española. De esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia», dijo con retranca. «No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena».
Pocos socialistas con autoridad política y responsabilidad institucional se han mostrado favorables a los movimientos del PSOE en beneficio de lo que en Moncloa llaman «desinflar» la tensión política en Cataluña, pero que no es otra cosa que la insensata concesión de una serie de privilegios judiciales que no tiene precedentes. Como no lo tuvo en décadas el tono guerracivilista del pleno del Congreso del pasado jueves. Lo han hecho, criticar los movimientos del PSOE, Fernández Vara, Javier Lambán, Ximo Puig… Hasta Luis Tudanca, el secretario general del PSOE en Castilla y León, lo ha llegado a susurrar. Eso sí, solo lo han hecho con palabras, no con hechos. El PSOE es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez es el PSOE: fuera de 'su sanchidad' ya no existe nada. Son palabras y solo palabras incluso cuando García-Page anticipaba en su intervención tras un consejo de su Ejecutivo una propuesta legislativa contra los referendos ilegales. «Sí, es un momento duro que me duele como español y como militante, aunque no sea una decisión orgánica. Hablo como presidente de comunidad autónoma, en el rango de absoluto afectado», añadió en la comparecencia en la que presentó ese plan para impedir «consultas que no afecten al conjunto de los españoles». Las suyas también lo son, palabras digo, porque cuando llegue el momento de la consulta habrá modo de sortear lo que sea necesario con tal de agradar al catalanismo radical y activar esa consulta.
Lo único que de verdad cauterizaría la herida sería una indisciplina en las votaciones en el Congreso por parte de los diputados castellanos, manchegos o aragoneses, por ejemplo. Pero eso es imposible. A pesar de que entre los 15 que incurrieron en una acción equiparable y votaron contra la investidura de Rajoy en 2016, como había decidido la dirección del partido, hubiera una aragonesa, Susana Sumelzo; una leonesa, Margarita Robles; o una palentina, María Luz Martínez. Hoy se ve más claramente que en octubre de aquel año fue cuando esos quince políticos -los siete escaños del PSC estaban entre ellos, con Meritxel Batet al frente- determinaron la hoja de ruta que nos ha traído hoy hasta aquí.
Siendo todo ello así, ¿a qué responde entonces el interés de García-Page por enfrentarse a Pedro Sánchez con esa contundencia y beligerancia? A que García-Page sabe no solo de la indignación que en su electorado causan estas claudicaciones, sino a que seguramente también sospecha -y no le faltaría lógica- que Pedro Sánchez puede adelantar las elecciones generales para que coincidan con las autonómicas y municipales de mayo.
García-Page, ya en plena precampaña, no quiere que, si tal cosa ocurre, al presidente se le ocurra poner un pie en Guadalajara, Cuenca, Toledo ni Ciudad Real. ¿Y por qué no le faltaría lógica? Porque, salvo que Pedro Sánchez considere que los riesgos electorales que él mismo ha asumido -y expresado- derivados de sus pactos con los secesionistas no impliquen un descalabro en los comicios de dentro de unos meses, si el PSOE pierde comunidades o capitales importantes, se quedaría cojo, manco y tuerto de cara a las generales de fin de año. Él entonces no sacaría ni noventa escaños. Porque la economía no va quebrar como en 2010 y además está jugando a su favor. De hecho, de aquí a mayo todavía tiene margen de mejora. Porque en mayo habría un apriete de filas obligado en el partido en torno a su figura. Y porque las cesiones al independentismo en materia de sedición y malversación, que en parte persiguen la posibilidad de que un Junqueras pueda presentarse a las elecciones, no está claro que fuesen a permitir ese extremo. Lo más probable es que esa rehabilitación a tiempo para los comicios de mayo quede en manos del Tribunal Supremo, del criterio del juez Marchena, más en concreto. Por tanto, Sánchez podría cumplir con su pacto con los condenados y, al mismo tiempo, impedir con un adelanto electoral en primavera el enfrentamiento directo en las urnas con su socio.
A modo de adenda. En el gabinete de Mañueco no deberían descartar ese posible adelanto ni, por tanto, dejar para el último momento la estrategia a seguir en ese supuesto. ¿Sería conveniente adelantar también las autonómicas? ¿O no?
