Una legislatura desbordada
Los casos de Cerdán y Montoro avivan el duelo PSOE-PP, mientras los socios de Sánchez siguen sin voluntad de romper
Los sucesos de Torre Pacheco, marcados por la abominable «cacería» al inmigrante, y el intercambio de casos de corrupción entre el PSOE y el PP ... han embarrado el ecuador de la legislatura. Pedro Sánchez llega a este punto desbordado por los acontecimientos, pese a sus esfuerzos por encapsular el 'caso Cerdán'. A punto de cumplirse dos años de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 que lo llevaron a La Moncloa gracias a un pacto a todas las bandas posibles para frenar a Alberto Núñez Feijóo, la acreditada resistencia de Sánchez se ha visto superada. Primero, por el embate de la corrupción entre sus filas, en un capítulo aún abierto que mantiene en vilo el final de este curso político y el próximo. Y luego, por las demandas recurrentes de sus socios de investidura, especialmente del independentismo catalán. Atar su apoyo sin dar la sensación de mercadeo ni provocar agravios territoriales es un reto más que complicado de cumplir, sobre todo cuando se negocia una financiación «singular» para Cataluña que despierta los recelos de los propios barones socialistas.
A pesar de la agonía, el tira y afloja que Sánchez mantiene con sus aliados parece más una relación de conveniencia, constatada esta semana en las cumbres de su Gobierno con Cataluña y, días después, con Euskadi. Pese al decepcionante resultado confesado por Junts y el PNV, los socios siguen sin mostrar un interés real por la opción de la ruptura. Prefieren mantenerse dentro de la ecuación de la gobernabilidad, por muy imperfecta que sea, por temor a la llegada del PP a La Moncloa de la mano de Vox, convenientemente azuzado por el presidente del Gobierno tras el lamentable protagonismo de la ultraderecha en el brote violento de Torre Pacheco.
El caso de Cristóbal Montoro ha puesto al alcance de Sánchez otra tabla de salvación. Y no solo por la gravedad del escándalo: la imputación del exministro de Hacienda con Aznar y Rajoy por presuntamente haber utilizado su influencia política con empresas gasistas. Firmas que se beneficiaban de reformas legislativas por las que pagaban a un despacho del que Montoro era socio fundador. El PSOE acusa al PP de «prácticas mafiosas» a modo de venganza por la ofensiva popular contra Santos Cerdán. Frente al riesgo de descrédito, se impone la prevalencia del Estado de derecho para cerrar cualquier grieta por la que cuelen males como la xenofobia y la corrupción.
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