Sánchez toma la temperatura a sus socios con su plan para atajar el 'escándalo Cerdán'

El jefe del Ejecutivo acude al Congreso –a petición propia aunque presionado por la exigencia de oposición y grupos parlamentarios afines– para responder por el caso de corrupción protagonizado por los dos secretarios de Organización socialistasdesde que retomó las riendas del partido en 2017 consciente de que debe convencer a quienes apoyaron su investidura (y a sus electores) de que nunca estuvo al tanto de las presuntas irregularidades de dos de sus colaboradores más próximos y de que su compromiso con la regeneración democrática es absoluto. Pero lo hace también seguro de que tampoco ellos tienen interés en forzar unas elecciones en las que solo el PP y Vox tienen algo que ganar.

En Moncloa asumen que la de mañana en la Cámara baja será una sesión dura. Aunque minimicen la exigencia de una cuestión de confianza apuntada por Coalición Canaria o Compromís porque no hay votos para una moción de censura, lo que de verdad podría tumbar al presidente, en el Gobierno saben que los mensajes que han lanzado los socios a lo largo de las últimas semanas, desde que un informe de la UCO hizo trizas la imagen de hombre honrado y víctima de los bulos alimentada por el propio el Sánchez sobre Santos Cerdán, apuntan a un clima de tensión. Reforzado por la decisión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de ser ella quien intervenga en nombre de Sumar.

La mayoría de los grupos consideran que las respuestas ofrecidas hasta la fecha por el jefe del Ejecutivo han sido muy insatisfactorias y temen que sus propios votantes les acaben pasando factura por seguir dándole, pese a todo, cobertura. De ahí que, especialmente los aliados de la izquierda –Sumar, ERC, Bildu y BNG, porque Podemos no espera nada–, no se limiten a exigir medidas contra la corrupción, que también, sino una profundización en la agenda social que les permita justificar la continuidad de la legislatura.

El problema, y todos los saben, es que es en el actual Parlamento no existe una mayoría de izquierdas. Y a pesar de que el Gobierno lleva días vanagloriándose de haber ganado 1.050 votaciones de las 1.200 que han tenido lugar, buena parte de esa agenda social está encallada precisamente por ello; sin contar con que el Ejecutivo tuvo que renunciar al impuesto a las energéticas o la equiparación de la fiscalidad del diésel a la gasolina, que ha supuesto que la Comisión Europea descuente a España 460 millones del quinto pago de los fondos europeos por ese concepto.

Junts y el PNV, en el otro lado del espectro político, también aguardan lo que pueda decir el presidente con atención, pero los posconvergentes se muestran en esto menos apremiantes de lo habitual y condicionan su apoyo al cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Los nacionalistas vascos han dado, en cambio, más muestras de incomodidad a medida que han ido pasando los días.

Todos los grupos esperan, en todo caso, que el pleno de hoy sirva de punto de inflexión. Pero dan por descontado también que no hay certeza de que, incluso si fuera un revulsivo, este vaya a durar demasiado por nuevas revelaciones de la UCO que afecten a otros miembros del partido y el Gobierno o que pongan de manifiesto lo que Sánchez insiste en negar, que ha habido financiación irregular del PSOE.

Ayer la portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, trató de aplacar los ánimos con la promesa de que Sánchez propondrá medidas «contundentes» que otros partidos han puesto sobre la mesa y que afectarán tanto al ámbito político como al empresarial o al de la Administración. Pero evitó concretar. Fuentes del Gobierno apuntan a un endurecimiento de las penas y a    garantías de que las empresas corruptoras no podrán optar a obras públicas, pero también advierten de que legislación actual ya es bastante firme y avisan de que hay que tener cuidado con aumentar la burocracia.