De la Hoz, procurador y abogado

Se acaba de conocer que el político Raúl de la Hoz, europarlamentario, exprocurador en las Cortes de Castilla y León y portavoz del Grupo del PP en la institución, cobró 40.000 como abogado en su último ejercicio como parlamentario autonómico. Sumado a ese dinero, y merced a su dedicación exclusiva como portavoz popular, percibió otros 92.000 euros del organismo público. Así lo ha declarado ante el Parlamento Europeo. El informe de un letrado de las Cortes regionales defiende, ateniéndose a la reglamentación vigente, que esa doble actividad económica es legal por la falta de desarrollo de la norma de incompatibilidades. Desde su nuevo puesto en Bruselas, el protagonista no ha querido explicar nada ni responder a este medio. El detalle de esta doble remuneración lo conocemos gracias a una demanda de información del PSOE iniciada en 2021 y resuelta ahora, justo cuando De la Hoz ya no forma parte de la cámara con sede en Valladolid. Más allá de otras consideraciones, al margen de su amparo legal basado en un vacío normativo, lo cierto es que asistimos a un nuevo episodio de privilegios para nuestra dirigencia política, que puede decidir, impulsar y condicionar la legislación común de una manera protagonista y con dedicación total, con sustanciosos ingresos al alcance de muy pocos ciudadanos, mientras, al mismo tiempo, participa de la actividad privada. En este caso, el de Raúl de la Hoz, en un ámbito jurídico y, según parece, sin cortapisa alguna. Este es no solo un extremo que debe limitarse de inmediato a efectos legales, sino que debe explicarse y conocerse con detalle. Las Cortes de Castilla y León, lejos de mejorar y ampliar la aplicación de políticas de transparencia, lo que viene tomando los últimos años es el camino contrario. No es obligatorio ser procurador, mucho menos con cargo de responsabilidad en un grupo parlamentario. Pero si uno asume esa responsabilidad, debe estar sometido a normas de transparencia e incompatibilidades nítidas. No es aceptable que un procurador que cobra casi 100.000 euros por su «dedicación exclusiva» al servicio de todos los castellanos y leoneses gane otros 40.000 como abogado. A saber con qué funciones, para qué asuntos y en favor de qué intereses particulares. De ese tremendo dislate ético es responsable el PP, pero también todos los partidos con alguna responsabilidad en el gobierno de la institución: PSOE, Ciudadanos y Vox, principalmente.