Gobierno hipotecado

Esta semana, Pedro Sánchez ha rebatido el argumento de la oposición de que el suyo es un Ejecutivo en estado políticamente terminal, dure lo que dure el mandato, remarcando que siete años en el poder lo convierten en un ejemplo de estabilidad en Europa. Pero la zozobra cotidiana en que Sánchez se ha habituado a dirigir el país, especialmente en esta legislatura en la que necesita que la amalgama de sus socios esté alineada constantemente para poder sacar adelante sus iniciativas –por eso mismo no ha logrado aprobar un solo proyecto de Presupuestos– desmiente esa pretendida solidez. Aguantar sometido a las crecientes exigencias de los aliados de la investidura, dos de los cuales –Podemos y Junts– ya ni siquiera se declaran integrantes de ese bloque, es sinónimo de resistir, pero no de poder gobernar con una mayoría identificable, previsible y coherente con el programa con que el presidente concurrió a las elecciones. Que Sánchez y sus ministros se hayan habituado a que la legislatura sea una recurrente carrera de obstáculos, superados buena parte de ellos 'in extremis' con una cadena de cesiones a los soberanistas, no puede significar en ningún caso que la ciudadanía se acomode a la incertidumbre y la excepcionalidad. La que representa, singularmente, que el primer partido del Gobierno negocie, ahora además con el expresidente Rodríguez Zapateroen ausencia forzosa de Cerdán, asuntos nucleares del país como las Cuentas Públicas, la estrategia migratoria, la política lingüística o la resolución del «conflicto» catalán con un Carles Puigdemont aún prófugo de la justicia española, en Suiza y con mediador internacional. Ese marco de diálogo, por asumido que esté, contamina 'per se' lo que allí se resuelva. Y nada habría más pernicioso para el bien común que Sánchez se entregue a un subasteo sin medida para sostener un mandato ya suficientemente hipotecado y aunque prometa que seguirá aun cuando no tenga Presupuestos.