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La llegada de León XIV al liderazgo de la Iglesia católica y del Vaticano abre tantas expectativas como interrogantes sobre su nueva realidad en la sociedad española y ante nuestro Estado aconfesional. El ejercicio de la libertad religiosa es un derecho que precisa del respeto de todos los ciudadanos y la protección de las instituciones. Para lo que también es necesario que las distintas iglesias cumplan y fomenten las normas de convivencia contenidas en las leyes de todos. El Papa León XIV y aquellos que él designe para el gobierno de la Iglesia católica en España o en relación a España han recibido el ineludible mandato de atender un sinnúmero de cuestiones pendientes. Sobre todo cuando afectan a la dignidad inalienable de personas vulnerables por su edad, su género o su falta de autonomía. Empezando por el reconocimiento moral y la compensación material que en justicia precisan las víctimas de pederastia en el seno de la propia Iglesia. Y la devolución efectiva de bienes comunes inmatriculados subrepticiamente. Amén de la sujeción general de los preceptos y usos de la Iglesia a la legislación vigente, incluidas la tributaria y la social. Pero para todo ello es imprescindible que el Estado se persone por encima del Gobierno. Y que éste asuma de verdad el cometido de procurar el máximo consenso político en relación al hecho religioso.
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