Dimisiones en Murcia

La revelación por los concejales de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia en las dos últimas legislaturas de que sobre la discoteca Fonda Milagros, donde murieron las 13 víctimas del incendio del domingo, pesa una orden de cierre desde hace 20 meses obliga a determinar quién o quiénes son los responsables de que siguiera abierta y a depurar las culpas con las dimisiones o las destituciones que sean exigibles. Las laboriosas investigaciones sobre el origen del fuego, dificultadas por la voracidad de las llamas, no han acreditado aún sus causas. Pero que se haya producido una tragedia tan luctuosa en un recinto de ocio nocturno que no había obtenido la autorización pertinente para operar, tras disgregar sus dependencias en dos negocios, y que, en consecuencia, carecía del sello de las autoridades sobre su seguridad constituye un hecho tan insoslayable, tan lacerante y tan escandaloso que ha de forzar decisiones contundentes. Y estas no pasan por que el Ayuntamiento se escude en el ejercicio de la acusación particular en la causa abierta por el desastre, cuando se mostró incapaz de ejecutar la clausura de un local que ha acabado convertido en escenario de semejante drama humano. Las víctimas requieren que alguien se haga cargo de su padecimiento.