Desprotección de menores
La vacilación de la Generalitat catalana ante las escalofriantes violaciones a una niña bajo su tutela interpela al conjunto de las administraciones
La niña de doce años violada reiteradamente y a merced de un grupo de pederastas mientras se encontraba bajo tutela de la Generalitat catalana fue ... víctima de una desidia escalofriante en el seno de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Instancia administrada a lo largo de los años por las distintas formaciones políticas que se han hecho cargo del Gobierno autonómico, y sobre la que concurren tantas irregularidades y tan variadas –adjudicación arbitraria y abusiva de contratos y subvenciones a entidades del tercer sector, malversación de fondos públicos, corrupción clientelar, carencia de base documental para las concesiones–, según apuntan la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas. Lo que hace presumible que los sucesivos responsables de un ámbito de acción pública tan sensible coincidieran en naturalizar la excepción en lo que la actual consejera del PSC, Mònica Martínez Bravo, ha llegado a calificar como «submundo»; se entiende que el integrado por 20.000 menores atendidos por la Generalitat, 9.000 de los cuales contarían con medidas de protección, tutela o guarda.
Martínez Bravo alegó que en el momento de asumir el cargo su antecesor en el Govern de ERC –Carles Campuzano– no le comunicó el caso de la niña violada. Cuando sobre el principal acusado la Fiscalía solicita una pena de 107 años de cárcel, la personación anunciada de la Generalitat parece tardía. Que la consejera haya fijado para el próximo 10 de junio su comparecencia en el Parlamento autonómico lo es sin duda.
La creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre DGAIA, remontándose nada menos que al Gobierno presidido por Artur Mas en 2011, podría acabar perdiéndose en el tiempo. La consejera Martínez Bravo ha declarado que «es evidente, desde hace años, que esa dirección general necesita una transformación profunda e integral». Lo sorprendente es que no lo advirtiera en su toma de posesión y no constara entre las necesidades apuntadas por el Gobierno de Salvador Illa. Probablemente tal consideración podría aplicarse también a los servicios análogos del resto de las comunidades autónomas, en tanto que las situaciones de vulnerabilidad extrema que han desembocado en agresiones sexuales al desamparo de los servicios públicos constituye el capítulo más descarnado de la desprotección de demasiadas y demasiados menores.
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