Deportacionessin sustento legal

La iniciativa de Vox para que España aplique «procesos de remigración masiva» –en la práctica y según la concibe el partido de Santiago Abascal, la deportación de ocho millones de personas de origen extranjero– incide en una deriva inaceptable en un asunto social y políticamente muy sensible. Inaceptable no solo por carecer de soporte legal, sino porque la medida vulnera el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que veta las expulsiones colectivas de seres humanos. Inaceptable porque la argumentación que la sustenta –el supuesto riesgo demográfico que la inmigración supondría para la supervivencia de la identidad española– obvia, entre otras cosas, que esta sociedad es el producto evolutivo de las gentes, propias o llegadas de otros lugares del mundo, que la han ido conformando sin brechas insalvables, por fortuna, en su convivencia. E inaceptable porque, en definitiva, identifica la extranjería como un problema cuya erradicación pasaría por someterla a protocolos de exclusión; también a los ya nacionalizados o los descendientes de inmigrantes nacidos aquí. Semejante dislate solo puede contrarrestarse con una política de Estado de amplio espectro que delimite un campo de actuación y discursivo respetuoso con la humanidad y con la legalidad.