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El apagón masivo que dejó a oscuras el país este lunes ha dejado al descubierto demasiadas zonas de sombra. Tanto en el origen de un ... desplome aún no explicado por el Gobierno como en el proceso de gestión de la energía, necesario para impulsar la descarbonización. El colapso ha reavivado las fuertes discrepancias entre los partidos –aunque no solo– en torno al modelo energético. Pero sobre todo ha elevado la tensión entre el Ejecutivo de Sánchez y los operadores eléctricos.
No es el mejor ambiente para mejorar el aprovechamiento de las renovables en un país privilegiado por el sol y el viento, claves para impulsar una transición energética respaldada por todos los agentes, aunque divididos en los ritmos, el peso de cada fuente y sobre si prescindir de las nucleares o no. Resistirse a desvelar las causas de un incidente sin precedentes que ha generado además desconfianza en el sistema –la encuesta 'flash' del CIS constató ayer que la mayoría de la ciudadanía cree insuficiente la información proporcionada por el Gobierno– puede parecer un ejercicio de prudencia por parte del presidente hasta tener el resultado de la investigación. Pero obcecarse en mantener viva la hipótesis del ciberataque cuando ha sido descartada por Red Eléctrica Española (REE), el CNI y Europa, invita a pensar en una maniobra para ganar tiempo.
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No es lo mismo un eventual sabotaje contra la seguridad nacional que aceptar que el cortocircuito se produjo en casa, sin injerencias exteriores. Y en un nervio del Estado gestionado por Red Eléctrica, del que él mismo es accionista mayoritario con un 20% a través de la SEPI y una presidenta al frente –la exministra socialista Beatriz Corredor– elegida por Sánchez. Si el jefe del Gobierno la mantiene en el cargo, aun con una indisimulada tibieza, se arriesga a hacerse corresponsable de las decisiones adoptadas por REE. Salvo que al final la deje caer.
Mientras, la búsqueda de responsabilidades ha entrado en el terreno del rifirrafe. El presidente aprieta a las eléctricas para que aclaren sus movimientos antes del colapso. Operadoras como Iberdrola descargan en él al señalar a Red Eléctrica. El PP considera que no es «sensato» desenchufar las nucleares como pretende el Gobierno. En medio del cruce, es irresponsable encarar el debate desde la ideología para facilitar la transición energética. Como también lo es concebir la energía atómica como mero negocio, soslayando el lastre del almacenaje de residuos radioactivos. El arrebato, doctrinario o especulativo, no es lo más razonable para evitar nuevas sacudidas.
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